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Xavier J. demandó a la Fiscal Diana Salazar por difamación ante tribunales de EE.UU.

miércoles, 3 enero 2024 - 20:54
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El empresario Xavier J., investigado en el marco del caso Metástasis, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración del narcotráfico, interpuso una demanda contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

El 20 de diciembre del 2023, después de que la titular del Ministerio Público aseguró en una entrevista otorgada al medio CNN que Xavier J. habría estado involucrado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el empresario advirtió que iba a emprender acciones legales por difamación.

A través de su cuenta de X, el martes 2 de enero, el empresario, quien reside en Florida, dio a conocer que la demanda referida fue presentada ante los tribunales de Estados Unidos por su abogado Richard J. Diaz y compartió imágenes de documentos legales que respaldarían su anuncio.

La verdad merece ser escuchada, incluso cuando enfrentamos gigantes de humo. Estamos comprometidos con la búsqueda incansable de justicia de verdad (en Ecuador la Justicia es solo persecución de la política) y la defensa de nuestra integridad”, escribió en redes sociales al respecto.

Xavier J. no reveló más detalles con respecto a la demanda, motivada por las declaraciones que tildó de difamatorias. Diario El Universo reportó que, según se lee en documentos, la acción civil por daños y perjuicios contra Salazar asciende a más de $50.000.

Este miércoles, con base a elementos de convicción presentados en una audiencia de vinculación de nuevos implicados al caso Metástasis, la Fiscal Diana Salazar, solicitó que se dicte prisión preventiva contra ocho personas, entre ellas Xavier J.

Lea también | Caso Metástasis: Fiscalía solicita que se dicte prisión preventiva para Daniel Salcedo, Christian Romero y Xavier J.

La investigación partió de una explotación de los teléfonos celulares de Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, tras su asesinato, ocurrido en octubre del 2022. El Ministerio Público halló "evidencias" de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales y diversos personajes.

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