¿Se alista otra metida de mano en la Justicia ecuatoriana?
El activista Juan Cuvi lo definió claramente en el portal Plan V: “La decisión de meterle mano a la justicia -a la que fueron tan adictos presidentes como León Febres-Cordero y Rafael Correa- tiene en realidad un propósito ulterior: que la justicia meta mano en la política”.
El juicio político al Consejo de la Judicatura, “es un monumento al cinismo. Como si fuese un juego de carambola, ya no ocultan sus maniobras. Parafraseando a la asambleísta Cerda, cuando hagan este tipo de arreglos al menos háganlos bien, traten al menos de disimular”, dijo Hernán Pérez Loose, columnista de El Universo.
Desde el día en que Guillermo Lasso ganó la Presidencia de la República, Rafael Correa intentó coquetear con el Mandatario electo: “Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador”. Lo hizo, incluso, antes de que se terminaran de contar los votos. En el fondo el expresidente sabía que tenía en sus manos al bloque de mayoría en la Asamblea Nacional y que eso se convertía en una debilidad para el recién electo.
“Solo le pido que cese el lawfare, que destruye vidas y familias”, añadió Correa en su trino y ahí estaba la clave. Él empezaba a tejer la estrategia para revertir los fallos judiciales que lo condenaron a sí mismo, a su vicepresidente Glas, a su secretario jurídico Alexis Mera y al resto de funcionarios de su gobierno, unos huyendo por el mundo y otros desesperados por recobrar la libertad.
La más deseada
En 2003, diario El Comercio documentó una reunión en casa de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El anfitrión era nada menos que el expresidente de la Corte, Galo Pico y entre los invitados estaba una docena de jueces y el entonces diputado y líder del Partido Social Cristiano (PSC), León Febres-Cordero.
En esos días había entre ellos mucha tela que cortar. Al menos un par de magistrados estaban siendo investigados por impago de impuestos y por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales hechas ante la Contraloría. Además, en los corrillos políticos ya se hablaba de reformas a la Ley para que se dé por finalizada la condición de vitalicios que los altos jueces tenían entonces.
“La reunión en casa del magistrado Galo Pico Mantilla confirma que Febres-Cordero tiene control sobre la mayoría de los miembros de la Función Jurisdiccional”, aseguró en esos días el diputado Antonio Posso. Mientras que el también parlamentario Carlos Vallejo López consideró que esa cita fue parte de la presión política y la intromisión existente sobre la Función Judicial.
Un año después, el roldosismo en complicidad con sectores cercanos al presidente Lucio Gutiérrez dio el zarpazo: Todos los jueces supremos vitalicios fueron despedidos en una bochornosa sesión del Congreso. Inmediatamente la nueva Corte anuló los juicios en contra del expresidente Abdalá Bucaram y éste regresó de su exilio en Panamá. El terremoto causado en la opinión pública derrocó al presidente Gutiérrez y, a río revuelto, el PSC asumió el control del Legislativo que entronizó al vicepresidente Palacio.
Rafael Correa llegó en 2007 y dos años más tarde se ufanaba, en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil, de ser el jefe de todos los poderes del Estado. Y fiel a su palabra, una a una fue sometiendo a las cinco funciones. La última fue la Judicial y para ello recurrió en 2011 a una consulta popular que la ganó estrechamente.
“Han hecho por una vía institucional y legal lo que hubiera hecho cualquier dictadura. Correa en las sabatinas criticaba a jueces con nombre y apellido, y los siguientes días se les iniciaba procesos para despedirlos... He trabajado el tema de la independencia judicial en varios países, pero en el caso ecuatoriano me llamó la atención especialmente la falta de pudor del expresidente Correa”, dijo Luis Pásara, un peruano estudioso de los sistemas de justicia de América Latina.
Exhorto del Transitorio
Tras el correísmo, el presidente Lenín Moreno también convocó a una consulta popular en febrero de 2018 con la finalidad de cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Al mismo tiempo el pueblo autorizó la conformación de un nuevo Cpccs-Transitorio que evalúe a todas las autoridades de control que ese poderoso organismo se encargaba de nombrar.
Así en junio de 2018, el Transitorio, luego de limpiar la Corte Constitucional, procedió a evaluar a los cinco miembros del Consejo de la Judicatura sobrevivientes del correato. Entonces, Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Rosa Jiménez y Alejandro Subía fueron cesados y reemplazados en enero de 2019 por María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo.
Hasta entonces no estaba en planes el recambio de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, era cada día más evidente el clamor popular de que se lo debía hacer. Es por ello por lo que el Cpccs-T presidido por Julio César Trujillo exhortó a la Judicatura para que proceda urgentemente a evaluarlos.
Para hacerlo el Consejo de la Judicatura designó “un comité de expertos independientes” conformado por catedráticos universitarios que cumplían los mismos requisitos que la Constitución pide para ser un juez de la Corte Nacional. Varios de los jueces, “no pasaron la evaluación porque tenían menos formación que un alumno de propedéutico”, recordó Martín Pallares, uno de los editorialistas de 4Pelagatos.
La arremetida de 2022
A mediados de mayo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en rueda de prensa dijo: “Los jueces y las juezas no tenemos en este momento ni voz ni voto en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no está debidamente conformado porque no existe un representante de la Corte Nacional”. Y advirtió que se avecinaba una “inminente metida de mano a la justicia”.
El alto magistrado se refería a que, según la Constitución, la Judi-catura debe estar presidida por el representante de la Corte Nacional y actualmente no lo está tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, en febrero pasado.
Para suplir la falta, Saquicela envió al Cpccs una terna para que ese organismo nombrase a quien deberá presidir el Consejo de la Judicatura. La terna ni siquiera fue tomada en cuenta y terminó siendo retirada por el mismo Saquicela, 83 días después.
En el camino, las relaciones entre el magistrado y la Judicatura se pusieron tensas. El clímax llegó cuando el Consejo de la Judicatura mandó a la casa a Saquicela por tres meses, acusado de haber demorado un año para pedir la extradición de Rafael Correa. Una decisión judicial lo retornó al cargo. Entonces envió una nueva terna que agitó aún más el avispero.
Esta nueva terna no solo tiene nombres diferentes a los enviados antes, sino que una de las integrantes fue funcionaria pública durante el gobierno de Rafael Correa y, otra trabajó en el Municipio de Guayaquil, administrado ininterrumpidamente por el PSC desde 1992.
Iván Saquicela que fue parte del tribunal que sentenció a Rafael Correa en el caso Sobornos, también fue señalado como participante en Nueva York de un almuerzo junto a figuras cercanas al correísmo y al PSC.
Mientras esto sucedía en el Palacio de Justicia, en la Asamblea Nacional se reacomodaban las fuerzas políticas y, otro Saquicela, Virgilio, también del Austro, primos según algunas publicaciones, asumía la presidencia del Parlamento. Bajo su dirección se nombraron dos nuevos miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que reforzó la presencia correísta y dio la bienvenida a un socialcristiano.
Como el CAL es el que decide la agenda legislativa, el famoso libreto volvió a estar encima de la mesa y dictaron una nueva Ley de Comunicación que, entre otras cosas, desampara la opinión periodística como para que nadie opine sobre lo que intentan hacer. En la siguiente escena, los cañones apuntaron al Consejo de la Judicatura con la intención de bajarse a tres de los cinco miembros.
¿Qué lograrían con eso? Aunque expresamente lo negó la propulsora del juicio político Viviana Veloz, de UNES, opositores y analistas creen lo contrario. “Quieren nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura para luego asegurarse los jueces al estilo del juez de Manglaralto, para la impunidad de los correístas”, aseguró el experimentado asambleísta Salvador Quishpe.
No ha pasado desapercibido tampoco que tras el juicio al Consejo de la Judicatura hay también un ferviente deseo del PSC de apoyar la iniciativa. La bandera la ha tomado Luis Almeida, un viejo, aunque no siempre fiel militante socialcristiano. “No hay que ver cucos donde no hay”, aseguró Almeida en el programa Políticamente Correcto. Sus compañeros de bancada han preferido el bajo perfil en este tema y solo ven cómo desde la bancada correísta se aplaude algunas de las intervenciones de Almeida.
Si funcionará o no este nuevo intento de metida de mano a la justicia, lo sabremos pronto. Si algo falla, nadie descarta que en el mismo libreto ya esté anotado el plan B. La idea final sería nombrar no jueces, sino conjueces de la Corte Nacional. Cuando estos se posesionen, sería el tiempo ideal para empezar a presentar recursos de revisión a las sentencias ya ejecutoriadas. Y sucede que ninguno de los jueces actuales podría tramitar ese recurso porque la norma obliga a hacerlo a magistrados “vírgenes”, es decir que en ninguna de las instancias anteriores hayan participado. Allí estarán listos los nuevos conjueces. Así se daría apariencia de legalidad a los fallos. Así se destruiría todo lo actuado. Así se metería la mano a vista y paciencia del país y todo porque una vez más se han unido el hambre con la necesidad.
