Judicatura toma acciones por crisis penitenciaria; recuerda que prisión preventiva es "una medida excepcional"
El sistema penitenciario de Ecuador se encuentra bajo estado de excepción desde el 29 de septiembre tras la peor masacre carcelaria registrada en el país, que tuvo lugar precisamente en la Penitenciaría de Guayaquil, donde el sábado ocurrió una matanza en la que fallecieron 68 reos.
En torno a la crisis del sistema carcelario, el Consejo de la Judicatura (CJ) comunicó, este domingo 14 de noviembre, que la función judicial viene tomando acciones para "garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad" y coadyuvar en la solución de la situación penitenciaria.
La Judicatura mencionó que en octubre pasado declararon "la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias" y aprobó el Plan de Fortalecimiento del Servicio Judicial en esta materia.
Por lo que, bajo ese marco regulatorio, el CJ amplió temporalmente la competencia de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito, y Especializadas Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar para que resuelvan las causas que se encuentren en trámite en materia penitenciaria en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga.
Además, indicó que el pasado 28 de octubre nombró a ocho nuevos jueces permanentes y temporales, para las Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias de Guayas y Azuay. Como resultado de estas medidas, 265 jueces (19 especializados, 128 penales y 118 de otras materias) conocen este tipo de causas.
De igual modo, el Pleno del órgano de gobierno de la Función Judicial precisó las competencias de los jueces que conocen casos de esta materia y dispuso que "las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna por parte de las y los jueces especializados o aquellos jueces que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias".
Según el CJ, Con estas acciones la productividad en el despacho de causas de garantías penitenciarias aumentó de 1197 en septiembre de 2021 a 1406 en octubre de 2021.
"Es importante recordar a la ciudadanía que la prisión preventiva es una medida excepcional, según lo establecen la Constitución y la Ley. Su petición y concesión corresponde a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, el CJ solicita a los mencionados órganos que procedan en esta materia como lo dispone el marco legal vigente", enfatizó el organismo en un comunicado.
Por último, enfatizó que "el país demanda que todas las instituciones estatales trabajen coordinada y armónicamente para solucionar los problemas estructurales del sistema penitenciario".
Ante la crisis que enfrentan los centros de rehabilitación social, la Fiscalía General también hizo un llamado a las instituciones del Estado ecuatoriano para que tomen medidas urgentes en el marco de sus competencias
Exhortó al Consejo de la Judicatura, a fin de que los jueces, en el ámbito penal y en aplicación del principio de celeridad procesal, den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva, por cuanto el 40% de las personas privadas de la libertad se encontrarían sin sentencia.
De igual forma, solicitó al Servicio Nacional Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) impulsar de manera ágil y sin dilaciones los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios.
Y por último, hizo un llamado a los agentes fiscales a escala nacional para que prioricen las medidas alternativas a la prisión preventiva.
