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Allanamientos simultáneos en cinco provincias por el caso Plaga: estas son las evidencias levantadas

Nuevos allanamientos por el caso Plaga.

sábado, 29 junio 2024 - 10:13
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La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó nuevos allanamientos en cinco provincias del Ecuador en el marco del caso Plaga, un proceso en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada.

La madrugada de este sábado 29 de junio del 2024, la institución llegó hasta la provincia de Santo Domingo, donde se hizo efectiva la orden de detención contra José G. H., juez de Garantías Penitenciarias. Se levantaron indicios como equipos electrónicos y documentación.

Además, en esa misma localidad, las autoridades ingresaron a un inmueble particular y dos oficinas en la Unidad Judicial del cantón, en donde se incautó equipos electrónicos y otros elementos.

Mientras que en Cuenca, provincia del Azuay, se ejecutó un allanamiento al domicilio de Javier Raúl A. B., quien también estaría implicado en el caso. Entre los indicios recabados están documentos, dos celulares y dispositivos de almacenamiento de información.

El inmueble de Bryan Guillermo P. Z., investigado en esta causa, fue allanado en Chimborazo. Allí se encontró documentos, un DVR, celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico.

Revise: Caso Plaga: Operativos simultáneos dejan nuevos jueces detenidos por red de delincuencia organizada

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Así mismo, en la provincia de Pichincha, se intervino la propiedad de Michael H., ubicada en el sector ‘La Morita’ en Tumbaco. Sin embargo, la Fiscalía informó que no sé encontró al sospechoso, ni se levantaron indicios, ya que el lugar estaba vacío.

El Ministerio Público también aprovechó el operativo para notificar a la jueza de la Unidad Judicial Penal en Milagro (Guayas), Adriana Carolina Z.C., sobre la audiencia de formulación de cargos. En su domicilio se encontró dinero en efectivo (11.800 dólares), un dispositivo móvil y documentos.

En el caso Plaga se investiga el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Ellos habrían otorgado de manera ilegítima acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.

La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los reos logren la libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.

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