El Consejo de la Judicatura presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de El Oro por el asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga, atacada a tiros esta semana en Machala.
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La acción fue impulsada por Mercedes Caicedo, presidenta del organismo, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.
A través de un pronunciamiento difundido en X, el Consejo de la Judicatura aseguró que exigirá el esclarecimiento del caso.
Lady Pachar ejercía funciones judiciales en el cantón Santa Rosa y, según información policial, había recibido amenazas previas, motivo por el cual contaba con medidas de protección del sistema de víctimas y testigos, además de acompañamiento policial.
El asesinato ocurrió cuando la magistrada se movilizaba en su vehículo hacia un gimnasio en Machala.
De acuerdo con la Policía, dos hombres que se desplazaban en motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon al menos cinco veces contra la funcionaria judicial.
El jefe policial de El Oro, Renato González, indicó posteriormente que el agente asignado a la seguridad de Pachar no se encontraba con ella al momento del ataque, situación que también es investigada.
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Horas después del crimen, agentes especializados localizaron una motocicleta negra marca Ranger abandonada en otro sector de Machala, tras una alerta recibida por el ECU911.
Según testimonios recogidos por la Policía, dos hombres dejaron el vehículo cerca de una cooperativa de taxis y luego escaparon en un automóvil blanco.
Minutos después, las autoridades encontraron un automóvil completamente quemado en la vía La Primavera, cerca de una distribuidora de gas.
El vehículo no tenía placas y el incendio destruyó elementos clave para rastrear su origen, como los números de serie del chasis y motor.
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Criminalística incorporó tanto la motocicleta como el automóvil a las evidencias del caso, mientras las unidades investigativas trabajan para reconstruir la ruta de escape de los atacantes.
Según el Observatorio de Derechos y Justicia, entre 2020 y 2025 se registraron 40 atentados contra funcionarios judiciales en el país.