El presidente de la República, Daniel Noboa, expidió este jueves el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social mediante el Decreto Ejecutivo 366, con el objetivo de reorganizar y tecnificar el funcionamiento del sistema penitenciario en el país.
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La normativa establece nuevas reglas para la ejecución de penas, la rehabilitación integral y la reinserción social de las personas privadas de libertad, bajo principios basados en la Constitución y tratados internacionales, como el respeto a los derechos humanos y la eficiencia institucional.
Uno de los principales cambios es la consolidación de un modelo más jerárquico, donde el organismo técnico rector asume el control del sistema, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) queda como ejecutor de las políticas penitenciarias.
El decreto fortalecería además la seguridad penitenciaria al incorporar formalmente la inteligencia carcelaria, con mecanismos para detectar riesgos, prevenir delitos desde prisión y analizar redes de contacto de los internos.
En ese sentido, las comunicaciones y visitas a reos “podrán ser registradas y estar sujetas a restricciones, supervisión, monitoreo o grabación”, de acuerdo al artículo 48.
Según el artículo 47, los presos también deberán entregar un listado de las personas con las que mantendrán contacto, el cual será analizado por un subsistema de inteligencia.
A esto se suma la implementación obligatoria de un sistema informático penitenciario, que centraliza la información de cada interno, incluyendo procesos judiciales, estado de salud, conducta y beneficios, lo que permitirá una trazabilidad completa.
El nuevo esquema también reorganiza los centros de privación de libertad, que serán clasificados por niveles de seguridad (máxima, media y mínima) y por el perfil de riesgo de los internos.
Se establecen reglas para la separación según tipo de delito, condición jurídica y nivel de peligrosidad, con el objetivo de evitar la mezcla de poblaciones carcelarias.
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Además, se refuerzan las condiciones de vida, incluyendo la obligación de garantizar alimentación adecuada, atención médica y espacios que eviten el hacinamiento, así como la evaluación integral de salud física y mental al momento del ingreso.
También se abarca el trabajo penitenciario, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el mes pasado,c on el objetivo de que reos cubran sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas. Se incorporará un registro de actividades laborales que deberá actualizarse mensualmente
El artículo 194 detalla que el eje laboral busca, entre otros objetivos, "capacitar técnica y profesionalmente a las personas privadas de libertad en artes, oficios o servicios con demanda en el mercado laboral externo, garantizando certificaciones oficiales de competencia".
El reglamento general también impulsa la creación de unidades de reinserción social que darán seguimiento a las personas privadas de libertad incluso después de cumplir sus penas.
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Asimismo, se abre la posibilidad de cooperación internacional con organismos y otros Estados para modernizar el sistema, capacitar al personal y fortalecer la lucha contra delitos transnacionales.