El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones seccionales en Ecuador para el 29 de noviembre de 2026, en lugar de que sea el 14 febrero de 2027, como se tenía previsto. Esto, bajo el argumento de mitigar los efectos de las lluvias y posibles inundaciones.
La decisión fue adoptada por cuatro de los cinco consejeros, en medio de críticas de sectores políticos que advierten posibles afectaciones a la participación electoral. El nuevo calendario también redefine las fechas de inscripción de candidaturas y campaña.
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El informe que respalda la decisión fue elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que alertó que las lluvias e inundaciones podrían afectar a 218 recintos electorales en al menos siete provincias, además de generar dificultades en el traslado de material electoral y en los centros de procesamiento de votos. Este escenario, según el organismo, podría comprometer el normal desarrollo del proceso electoral.
La consejera Elena Nájera, única en votar en contra, sostuvo que “nadie puede asegurar que en esos meses, y especialmente el día de las elecciones, el temporal vaya a ser de tal magnitud que impida la movilización ciudadana”. Recordó que ni durante la pandemia de la Covid-19 ni en el fenómeno de El Niño de 1998 se suspendieron comicios. “Todo esto conduce a presumir que no se está garantizando una competencia igualitaria”, afirmó.
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El cambio de calendario generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. Desde la Revolución Ciudadana, que está actualmente suspendida, se denunció que la medida busca impedir su participación en los comicios. “Advertimos al país y a la comunidad internacional que esta maniobra es inconstitucional y atenta contra la democracia”, señaló el movimiento en un comunicado.
En la misma línea, la dirigente de Unidad Popular, Natasha Rojas, cuestionó duramente la decisión del organismo electoral y del Gobierno. Afirmó que detrás de estas decisiones existe una intención de excluir a fuerzas políticas críticas.
Rojas también vinculó la situación con la postura de su organización frente al Ejecutivo. “Noboa no le perdona a la Unidad Popular la oposición frontal en el momento a sus políticas en contra del pueblo”, señaló.
Mientras tanto, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, rechazó los cuestionamientos y aseguró que la medida no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan “expresar en forma libre su voluntad en las urnas”.