Fiscalía allana instalaciones de Empresa Eléctrica Regional del Sur por contrato con Progen
El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, ya había adelantado a inicios de diciembre que fueron detectadas irregularidades en el proceso.
La Contraloría General del Estado (CGE) informó que este viernes la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un allanamiento en las instalaciones de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), ubicadas en la ciudad de Loja.
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La diligencia se enmarca en investigaciones penales relacionadas con contratos suscritos con Progen Industries LLC y el Consorcio Térmica Catamayo. Un tercer informe preliminar de la CGE había revelado el pasado 3 de diciembre irregularidades en el proceso, que partió de un desembolso cercano a USD 20 millones.
Según detalló el órgano de control por medio de un comunicado difundido en redes sociales, el operativo tuvo como finalidad la recolección de indicios y elementos de convicción que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Estas actuaciones forman parte de procesos penales en curso, en los que se analizan las condiciones y alcances de los contratos firmados por la empresa eléctrica regional.
Paralelamente, la Contraloría precisó que los mismos contratos son objeto de un examen especial que la institución desarrolla con el fin de evaluar el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente.
Contralor se pronunció sobre el caso
El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, fue quien dio a conocer que se habían citado irregularidades en el tercer informe preliminar sobre el proceso contractual entre la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa) y Progen Industries LLC.
“Posiblemente pase lo mismo que en los casos anteriores”, dijo en referencia a los contratos de Salitral y Quevedo, en los que también se determinaron responsabilidades administrativas, civiles y presuntos indicios penales.
La empresa estadounidense, que enfrenta una demanda impulsada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con la que se busca una indemnización a favor del Estado por presunto perjuicio, fue contratada el 2 de agosto de 2024 para la puesta en marcha de dos centrales eléctricas: Salitral, con una capacidad de 100 megavatios, y Quevedo, de 50 megavatios.
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En estos contratos, la Contraloría General del Estado identificó irregularidades en las fases de planificación, adjudicación y ejecución. La empresa debía instalar los proyectos energéticos por un monto de USD 149,1 millones, pero las obras nunca se concretaron.
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