Juez dispone la conformación de una mesa de emergencia por la crisis de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral
El juez destacó que también se han registrado casos de desnutrición crónica, que agravan la crisis sanitaria registrada en centros de privación de libertad a escala nacional.
Una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) fue admitida parcialmente este miércoles por un juez constitucional en Guayaquil, quien dispuso que se instale una mesa de emergencia penitenciaria para abordar la crisis sanitaria por tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral.
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En dicho centro de privación de libertad, el más poblado del país, han muerto al menos 18 personas por esa enfermedad respiratoria este mes, según ha informado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control del sistema carcelario.
En el Complejo Judicial de La Florida, el magistrado señaló que el SNAI y las Fuerzas Armadas han vulnerado los derechos de las personas privadas de libertad, al no gestionar ante la justicia un acceso adecuado a atención médica —general y especializada—, alimentación adecuada y procesos de rehabilitación.
El juez destacó que también se han registrado casos de desnutrición crónica, que agravan la crisis sanitaria registrada en centros de privación de libertad a escala nacional, en donde se reportan un total de 1131 casos. Solo en la Penitenciaría del Litoral, donde permanecen alrededor de 7000 presos, se han detectado 553 de estos.
En ese marco se integrará la mesa de emergencia de forma urgente, que deberá estar conformada por los ministerios de Defensa, Interior y Saud: el SNAI, la Defensoría Pública, organismo de vigilancia internacionales y comités creados por los familiares de los reos.
Crisis sanitaria agrava una espiral de violencia
El sistema penitenciario de Ecuador no solo atraviesa una crisis sanitaria, sino también de violencia. Desde 2021, alrededor de 600 personas privadas de libertad han sido asesinadas, en su mayoría durante masacres provocadas por choques entre organizaciones delictivas que disputan el control interno.
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En este contexto, varias prisiones permanecen bajo intervención militar y otras bajo control policial, medidas adoptadas tras la declaración de “conflicto armado interno” en 2024 por parte del presidente Daniel Noboa, que atribuye a las bandas criminales la ola de violencia que ha ubicado al país entre los más violentos de Latinoamérica.
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