Para este miércoles, 22 de octubre, estaba programada la audiencia de juicio del caso Malvinas, en el que 17 militares están procesados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad. Sin embargo, la diligencia fue declarada fallida.
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Los abogados de los uniformados, así como del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) que representa a las familias de las víctimas, se conectaron a una sesión telemática ante un tribunal de la Unidad Judicial Albán Borja, situada en el norte de Guayaquil.
No obstante, la audiencia fue suspendida tras un pedido de diferimiento presentado por el defensor de uno de los militares, quien alegó un reciente cambio de abogado, solicitud que fue respaldada por los representantes legales de otros uniformados.
El Tribunal Penal acogió la solicitud luego de haberla rechazado inicialmente, suspendiendo el cómputo de la caducidad de la prisión preventiva para los procesados y reprogramando la nueva audiencia de juicio para el 5 de noviembre, a las 09h30.
Los cuerpos de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, que fueron detenidos por una patrulla militar el pasado 8 de diciembre en el barrio "Las Malvinas", en Guayaquil, aparecieron calcinados días después en la parroquia rural de Taura.
Los militares que participaron en la detención, procesados el 31 de diciembre del 2024, aseguraron que dejaron a los menores con vida en dicha zona. No obstante, en un segunda reconstrucción de los hechos, tres de ellos revelaron que los niños fueron golpeados y humillados repetidamente bajo custodia.
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De acuerdo a la investigación, luego de ser abandonados por el contingente en Taura, aproximadamente a la medianoche, los menores realizaron una llamada a sus padres desde el hogar de un ciudadano a quien le pidieron ayuda. Es a partir de ese momento que se pierde el rastro de lo que ocurrió hasta el hallazgo de los cadáveres.