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Llaman a juicio a 17 militares por desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas

Al ser procesados, los militares que participaron en la detención aseguraron que dejaron a los menores con vida en la parroquia rural de Taura.

El juez Dennis Ugalde, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, llamó a juicio este miércoles a 17 militares acusados de desaparición forzada en el caso “Malvinas”, que investiga las circunstancias de la muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 años.

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La resolución se alcanzó un día después de que el fiscal Christian Farez solicitara el llamamiento a juicio de los imputados: 16 uniformados como autores directos y un teniente coronel como cómplice de la detención ilegal de los menores, quienes fueron retenidos por una patrulla militar el pasado 8 de diciembre y cuyos restos fueron encontrados dos semanas después.

El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CPDH) y representante de las familias de las víctimas, destacó la resolución, a través de la que se derivará el caso a un tribunal penal que evaluará la responsabilidad de los militares, actualmente detenidos en prisión preventiva desde el 31 de diciembre del año pasado.

Los cuerpos de los niños aparecieron calcinados en la parroquia rural de Taura, situada en la provincia de Guayas, a más de 30 kilómetros del barrio "Las Malvinas", ubicado en la urbe portuaria, en donde vivían.

$!Fotografía tomada durante una marcha conmemorativa en el sur de Guayaquil, el 8 de enero de 2025.

Por su parte, al ser procesados, los militares que participaron en la detención aseguraron que dejaron a los menores con vida en dicha zona. No obstante, en un segunda reconstrucción de los hechos, tres de ellos revelaron que los niños fueron golpeados y humillados repetidamente bajo custodia.

De acuerdo a la investigación, luego de ser abandonados por el contingente en Taura, aproximadamente a la medianoche, los menores realizaron una llamada a sus padres desde el hogar de un ciudadano a quien le pidieron ayuda. Es a partir de ese momento que se pierde el rastro de lo que ocurrió hasta el hallazgo de los cadáveres.

Testigo asegura que habría sido presionado por militares

"El mismo día que los hechos se hicieron públicos y la ciudadanía y la comunidad internacional exigieron investigación (21 de diciembre), un testigo acudió a la Fiscalía en horas de la noche para dar su versión libre y voluntaria en compañía de agentes estatales. En dicha versión, el testigo señaló que bandas del crimen organizado se habían llevado a los niños, dando la orden de quemarlos y arrojar sus cuerpos al río. Todo esto lo supo mientras se encontraba en un bar", informó el CDH en un comunicado difundido por redes sociales, este lunes.

A partir de dicho testimonio, el Ministerio Público puso en marcha una investigación paralela a la de desaparición forzada, que abarcaba en cambio la figura de secuestro con resultado de muerte y fue desarrollada por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) en Quito.

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"El 9 de septiembre de 2025, el testigo declaró ante la UNIDOT que su domicilio había sido allanado en la madrugada del 21 de diciembre de 2024, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a afirmar que bandas criminales se habían llevado a los niños. Aclaró que desconocía los hechos y a los responsables, y que fue el personal militar quien le suministró los nombres y apellidos de los supuestos presuntos responsables, coaccionándolo para dar esa versión inicial en Guayaquil (la del 21 de diciembre)", afirmó la organización.

Horas antes de que el juez hiciera el llamado a juicio, el CDH acotó que "siempre cuestionó" el testimonio otorgado a la Fiscalía en diciembre del año pasado, en el que se refería la participación de supuestos miembros de bandas de crimen organizado, por la "falta de coherencia entre horas y fechas".

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