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Gobierno de Ecuador plantea la creación de un registro confidencial de condenados por delitos sexuales

En una rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, dio a conocer que se evalúa crear el registro confidencial y recordó que buscan legalizar la castración química.

El Gobierno de Ecuador plantea la creación de un registro confidencial de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales a fin de "prevenir su participación en actividades que los vinculen con niños, niñas y adolescentes".

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Así lo informó este lunes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, tras recordar que el pasado viernes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, presentó a estudio una reforma constitucional para permitir la castración química a violadores en el marco de sus iniciativas para endurecer penas contra delincuentes y criminales en Ecuador.

"Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel", publicó Noboa en la red social X.

La petición deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, una vez haya dado el visto bueno la Corte Constitucional, el máximo tribunal de garantías de Ecuador.

"El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores", dijo Noboa.

En su rueda de prensa semanal, Jaramillo recalcó este lunes que -de aprobarse la reforma- la medida aplicará "para quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación".

Se busca establecer "un marco legal riguroso y técnicamente regulado", señaló este lunes la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Actualmente el delito de violación sexual está penado en Ecuador entre 19 y 22 años de prisión, tiempo que puede incrementarse en caso de existir agravantes.

Se trata del primer planteamiento formal de legalizar la castración química en Ecuador, donde previamente se había sugerido en ciertos momentos sin llegar a materializarse en una reforma concreta.

CASO DÍAZ ASQUE

Las propuestas en contra de los delitos sexuales arribaron luego de que se viralizó en redes sociales una denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, quien es señalado por presuntamente violar a una niña de doce años durante una fiesta en una vivienda de Quito.

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Ante la acusación, el legislador emitió el pasado miércoles un comunicado asegurando ser inocente e incapaz de "producir sobre un ser humano el daño" del que se le acusa. No obstante, el movimiento correísta Revolución Ciudadana, del que formaba parte, lo expulsó de sus filas.

Tres allanamientos en inmuebles de la ciudad capitalina por el caso, investigado por la Fiscalía General del Estado, coincidieron la difusión de una proyecto de reforma propuesto por Díaz Asque en el Legislativo con el que buscaba modificar el código penal para que la edad de consentimiento bajara de 18 a 14 años.

Sobre el asambleísta también pesa una orden de localización con el objetivo de que comparezca a la audiencia de formulación de cargos, según lo dispuso un juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Quito. Por el momento, las autoridades no han determinado en donde se encuentra y han ofrecido una recompensa de 100 mil dólares por información sobre su paradero.

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