Ecuador deberá pagar $25 millones a Codelco, pero evita una demanda por más de $540 millones
El fallo arbitral resuelve los acuerdos con la empresa chilena y confirma que ENAMI EP mantiene el total control del proyecto minero Llurimagua.
El Estado ecuatoriano y la Empresa Nacional Minera (Enami EP) deberán pagar a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) un total de $25,3 millones más intereses, según resolvió este 11 de julio de 2025 el tribunal arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El monto corresponde a los costos en los que incurrió la empresa chilena durante la fase de exploración del proyecto minero Llurimagua, ubicado en Imbabura.
Aunque la cifra representa una pérdida para Ecuador, se sitúa por debajo de los más de $567 millones que Codelco exigía inicialmente como compensación por incumplimientos contractuales.
El fallo también determinó que la concesión minera queda totalmente bajo propiedad y control del Estado ecuatoriano a través de la empresa nacional, lo que el Gobierno calificó como un “contundente triunfo jurídico”, a través de su red oficial de X, antes llamada Twitter.
El origen de la disputa
Para entender la disputa entre ambas entidades, hay que remontarse a la serie de convenios firmados entre 2008 y 2019. Estos tenían como objetivo desarrollar de manera conjunta el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la parroquia de García Moreno. Este yacimiento, con potencial de cobre, molibdeno y más minerales estaba previsto como una iniciativa estratégica binacional entre Enami EP y la Codeleco.
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Según los acuerdos, una vez concluidos los estudios de exploración avanzada, ambas empresas debían constituir una sociedad de economía mixta que operaría el proyecto. Allí, las participaciones se distribuirían con el 49 % Codelco y la empresa nacional con el resto. Con el paso del tiempo, surgieron los desacuerdos sobre las condiciones para conformar aquella sociedad.
Como resultado, Codeco inició el proceso arbitral en abril de 2021. La empresa chilena alegaba que Ecuador incumplió con su obligación de conformar la empresa conjunta y de transferirle, a título gratuito, la concesión minera.
Además, sostenía que las demoras e indefiniciones por parte del Estado les ocasionaron perjuicios económicos, por lo cual exigía una indemnización que superaba los 560 millones de dólares que este 11 de julio les fue negada.
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