Cuando la justicia estadounidense condenó a dos sobrinos de la primera dama venezolana por narcotráfico, el escándalo reveló algo más profundo que un delito familiar. Confirmó la existencia de una estructura criminal con respaldo político y militar del gobierno de Nicolás Maduro: el Cártel de los Soles, hoy señalado como una amenaza regional.
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La historia que llevó al mundo a hablar del Cártel de los Soles comenzó en noviembre de 2015. Un jet privado aterrizó en Puerto Príncipe, Haití, con dos pasajeros convencidos de que iban a cerrar un envío de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Ellos eran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, nada menos que sobrinos de Flores de Maduro, pareja de Maduro.
Lo que no sospechaban era que sus “compradores” no eran narcos, sino agentes encubiertos de la DEA. En Nueva York fueron juzgados y sentenciados. Esta fue la confirmación judicial de que el narcotráfico había penetrado el núcleo del poder venezolano.
La historia del Cártel de los Soles es atípica. No nació en las montañas ni en barrio suburbanos de grandes ciudades como lo hicieron algunas de las economías criminales modernas. Esta organización se forjó dentro de varias instituciones del Estado venezolano: las Fuerzas Armadas y los organismos de control fronterizo.
El nombre, puesto por un periodista de investigación, se relaciona con las insignias que distinguen a los más altos oficiales militares venezolanos. En sus uniformes lucen uno o varios soles, de acuerdo con su rango. Es una referencia directa al poder militar que habría sostenido la red.
Las primeras menciones al Cártel de los Soles aparecieron en la década de los noventa, cuando investigaciones de Estados Unidos vincularon a altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana con el tráfico de drogas procedentes de Colombia. En ese momento, el fenómeno se relacionaba con casos de corrupción aislada: oficiales que cobraban peajes a narcotraficantes para permitir el paso de cargamentos por puertos y aeropuertos.
Pero se dice que ese esquema creció con la llegada de la Revolución Bolivariana. Bajo el mando de Hugo Chávez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana amplió su rol más allá de sus cuarteles. Los militares asumieron funciones económicas, administrativas y de fiscalización.
La expulsión de la DEA de Venezuela en 2005 eliminó los mecanismos de vigilancia externa y permitió que la red “revolucionaria” migrara desde el cobro de peajes hacia el control logístico del narcotráfico.
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A diferencia de carteles ampliamente conocidos como de Medellín o de Sinaloa, el Cártel de los Soles no responde a un capo visible. Se ha revelado que funciona como un ecosistema de redes criminales articuladas por el poder político. Entonces, la jerarquía no la define la experiencia criminal, sino el cargo público.
Según acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la cúspide de esta estructura se encuentran figuras del alto poder político como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Este último ha sido señalado como un operador clave en la articulación política y militar, mientras que el exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, cumplió durante años el rol de enlace operativo con organizaciones armadas y redes internacionales.
En los niveles inferiores operan soldados, funcionarios aduaneros y oficiales de frontera encargados del movimiento físico de la droga. En los niveles superiores, generales y ministros garantizan protección institucional, impunidad judicial y lavado de activos a través de contratos estatales y empresas de fachada.
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La expansión del Cártel de los Soles no se limitó al tráfico de drogas. La red consolidó alianzas con grupos armados irregulares como las FARC y el ELN, transformándose en un actor con impacto geopolítico. En marzo de 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro de narcoterrorismo y ofreció una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
La narrativa oficial estadounidense dio un giro: el narcotráfico dejó de ser solo un negocio ilícito para convertirse en una herramienta de desestabilización política. Es decir que, para ellos, el gobierno venezolano propiciaba que más droga ingrese a territorio estadounidense con la firme intención de dañar a esa sociedad.
Esa lógica se consolidó a finales de 2025, cuando la administración de Donald Trump designó al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. Para los líderes, Maduro y Cabello las recompensas por su captura subieron a 50 millones de dólares.
Esta designación que equiparaba a Los Soles con los grupos terroristas más grandes del mundo como son AlQaeda o Hamás, tuvo efectos inmediatos en la región. Gobiernos como el de Argentina y Ecuador se alinearon con la postura estadounidense, reconociendo que el Cártel de los Soles opera como una estructura criminal híbrida. Su expansión ha contaminado las rutas del narcotráfico en Sudamérica y ha convertido a Venezuela en uno de los principales nodos logísticos del crimen organizado transnacional.
Los analistas creen que más que un cartel tradicional, el Cártel de los Soles representa una mutación del crimen organizado: cuando el narcotráfico deja de infiltrar al Estado y pasa a confundirse con él.