De todo como en botica en la Mashi-feria: tres centrales hidroeléctricas a concesión; CNT y Flopec buscan capitales. Banco del Pacífico a la venta, junto con Tame, Empresa Cementera, Fabrec, GamaTV y TC. El Telégrafo y Radio y TV Pública a fusión. Correos en alianza con privados.
Mashi-feria a la vista. Activos estatales se abren al capital privado, bajo cuatro modalidades: venta, concesión, fusión y alianza público-privada. Desinversión es el término oficial de este proceso que implica liquidar dos entidades. La decisión no obedece a los efectos del terremoto de abril, reveló a Vistazo el presidente del Directorio del holding de Empresas Públicas, EMCO EP, Jorge Wated Reshuán.
¿Concesión? Las centrales hidroeléctricas Sopladora (400 MW), Manduriacu (65 MW) y Ocaña (26 MW) están en la mira de bancos de inversión, para definir los términos de la operación por medio de la cual un administrador privado entregaría un monto al Estado, para operar por un tiempo específico (20 años, mínimo), durante el cual la operadora vendería el kilovatio-hora. La empresa australiana WorleyParsons pudiera ser la banca de inversión.
¿Dónde queda el discurso de soberanía energética? Es la pregunta que hace el exministro de Energía, Alberto Acosta Espinosa, quien en abril de 2007 firmó el contrato para construir Sopladora, en el complejo Paute, en el límite entre Azuay y Morona Santiago. La obra, ejecutada en el 98 por ciento, empezó operaciones en febrero de este año.
“Es más que lamentable, no era necesario dar paso a su privatización (de las centrales). Va en contra de todo lo que propusimos al inicio. Correa se va a empachar al tener que tragarse sus palabras con tantas contradicciones y traiciones a nuestra posición inicial”, lamenta Acosta. ¿Su alternativa? Congelar los salarios tope de los funcionarios públicos en tres mil dólares mensuales significa el equivalente a lo que se conseguirá vendiendo ese activo, unos 600 millones de dólares.
“La mayor parte de este proyecto (Sopladora), construido por el consorcio China Gezhouba Fopeca, fue financiada con un crédito que deberá seguir pagándose en los próximos años”, advierte un informe de Cordes, que describe las condiciones del préstamo: 15 años, cuatro de gracia, y un interés anual del 6,35 por ciento. En 2011 se suscribió el crédito con China por 571 millones; el costo inicial se definió en 672 millones; el valor final fue 800 millones. “La valoración de la central deberá incluir los pasivos asociados”, esto es, la deuda contratada para ejecutar esta obra. Las tres centrales hidroeléctricas costaron, en total, unos mil millones de dólares.
La concesión, aunque no consta en forma expresa, estaría contemplada en el artículo 316 de la Constitución. El segundo párrafo del citado artículo menciona que “El Estado podrá, en forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la Ley”.
Los tiempos no son óptimos. “No es momento para vender activos estatales, el depresivo entorno económico reduce su valor”, advierte el secretario del Observatorio de Política Fiscal, Jaime Carrera. “La construcción de las hidroeléctricas tiene una falla de origen; debieron ejecutarse con inversión extranjera directa y no mediante créditos caros”. ¿Qué implica una concesión? Una real valoración, un traspaso del servicio de la deuda al concesionario para que el Estado deje de asumirla; y, el retorno de las inversiones exige fijar reales tarifas de la energía. ¿Requisito sine qua non? Garantías a la inversión y cambios en el modelo económico, que generen confianza.
“TODOS LOS INFORMES BAJO LA LUPA”
Jorge Rodríguez, economista, integra la Comisión Anticorrupción Ciudadana que escrutó el contrato de la central Manduriacu, estableciendo diferencias entre el valor inicial y el monto final pagado.nnn Sus denuncias le acarrearon procesos penales.
“Hemos iniciado la revisión de los nueve proyectos emblemáticos del gobierno, notando que todos debieron ya estar en producción y solo dos lograron pasar esa maldición de la falta de recursos y de la falta aparente de criterio técnico, cuando los constructores endilgan a los consultores estudios mal hechos, con el consecuente incremento de precio. Nos preocupa que el BIESS receptor de nuestros ahorros, haya hecho una inversión de 250 millones de dólares en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que acumula cuatro años de atraso y cuyo costo casi dobla lo presupuestado. Nos preocupa que este proyecto tenga como constructor a la empresa China International Water & Electric (CWE), acusada de simular consultorías para aprovechar el convenio de doble tributación suscrito con Suiza y por lo cual aparece en el caso de los Panama Papers”.
Jorge Rodríguez, economista.
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