María Paula Romo ejercerá su defensa ante el Pleno, que este martes define su censura o no como ministra de Gobierno
Carolina Farfán martes, 24 noviembre 2020 - 09:15
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A la 10h00 de este martes 24 de noviembre de 2020, la Asamblea Nacional tiene previsto instalar la sesión virtual que definirá el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
La interpelación de Romo empezará con la lectura del informe presentado por la Comisión de Fiscalización, que preside Elio Peña, cuyo informe recomienda al Pleno de la Asamblea proceda con el juicio político en contra de Romo, auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, así como determine su correspondiente censura y destitución.
En el documento, que contiene 84 páginas, recoge las versiones y testimonios rendidos durante la sustanciación de la solicitud de juicio político, tanto como pruebas de cargo, cuanto de descargo, así como los documentos enviados por distintas entidades públicas, privadas; organismos de derechos humanos; el informe de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de octubre de 2019 y la correspondiente resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, en torno a esta temática.
De las acusaciones, la mesa acogió dos de las causales establecidas por los interpelantes que configuran el incumplimiento de funciones.
Concluye que, del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se comprueba que durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones. Los interpelantes presentaron los testimonios de dos investigadores extranjeros, quienes en entrevistas en medios digitales y en videos exponen que las bombas, luego de su fecha de caducidad, independientemente de su almacenamiento, sufrirían cambios químicos que las convertirían en “armas letales”, tanto para los manifestantes como para los miembros de la Policía Nacional.
El organismo determina que, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la abogada ministra de Gobierno, incumplió sus funciones al haber permitir la transgresión de lo previsto en el numeral 6 del artículo 121 de la norma invocada, en el sentido de: “6. Disponer, con conocimiento, la utilización de equipamiento de dotación y demás materiales que se encuentren en mal estado o caducados.”
Así mismo, sobre el lanzamiento de bombas hacia los predios de las universidades Católica de Quito y Politécnica Salesiana, independiente de cómo se califique el rol que cumplían en ese momento las dos universidades, constituyó un atentado a la integridad y a la vida de grupos vulnerables.
La ministra tendrá tres horas para ejercer su derecho a la defensa ante el pleno de la Asamblea. Luego, los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para fundamentar sus acusaciones, y luego la ministra replicará por un tiempo máximo de una hora.
Para una posible censura y destitución de la Ministra se requiere de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea, es decir, de 91 votos, según el artículo 131 de la Constitución.
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