Bono 1.000 días: ¿Solución social o bomba fiscal para Ecuador?
El gobierno de Daniel Noboa ofreció ampliar el 'Bono de los 1 000 días', para combatir desnutrición infantil, pero llega en un contexto de déficit fiscal creciente y deudas estructurales que ponen en alerta las finanzas públicas del país.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El Bono de Desarrollo Humano o 'Bono de la Pobreza' inició hace más de 25 años, en el gobierno de Jamil Mahuad. Se suponía que debía ser temporal para ayudar a las familias que lo rebicían a salir de la pobreza, pero ninguna de las dos cosas ha pasado. Ni las familias hay salido de la pobreza ni el bono fue temporal. Al contrario, cada gobierno implementa nuevos bonos.
Y, si bien, estas ayudan representan, en algunos caso, el único sustento o ingreso que tienen las familias pobres, los bonos se convierten en una carga fuerte para el presupuesto del Estado, ya que el país no logra dinamizar la economía, generar empleo ni atraer inversiones.
Entre enero y mayo de 2025, el Gobierno registró un gasto público de US$ 9.525 millones, lo que significa US$ 1.242 millones más que en el mismo período de 2024, pese a un contexto de menores ingresos y caída del petróleo.
De esa cantidad, el Estado destinó US$ 544 millones a bonos y transferencias monetarias gestionadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El país actualmente cuenta con al menos cinco bonos sociales principales, entre ellos:
A esta red de ayudas se sumaron nuevos programas de bonos y ayudas sociales impulsados durante la campaña del presidente Daniel Noboa, que sumaron un total de 216 millones de dólares en gasto público.
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Además, de los créditos y becas que impulsó durante ese mismo periodo, tales como: el anticipo de hasta 24 meses del Bono de Desarrollo Humano para beneficiarios del MIES; el crédito hipotecario “Vivienda Premier” del BIESS; y más de 117.000 becas para inglés y estudios tecnológicos, en alianza con Google.
Recientemente, la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, anunció la ampliación del Bono de los 1.000 Días, una estrategia para combatir la desnutrición crónica infantil.
Con esto, el Gobierno incorporará 20.000 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 140.000 madres y niños menores de dos años.
La ampliación demandará US$ 58 millones, financiados con un crédito del Banco Mundial por US$ 110 millones, del cual US$ 52 millones se destinarán a salud infantil y vacunación.
Este anuncio plantea dudas sobre la sostenibilidad de este creciente gasto social del estado.
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¿Es realmente una inversión o un gasto ?
Para Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), la solución no está en endeudarse más, sino en atacar las causas estructurales de las finanzas públicas, de las cuales destaca:
Andrade señala que endeudarse en mercados internacionales no resuelve el problema de fondo. Solo sería viable si se logra una renegociación favorable de la deuda. Lo urgente, insiste, son reformas estructurales, especialmente laborales.
Indica que, aunque es necesario reducir el gasto público, esta está atada a una reforma laboral, que imposibilita desvincular a la gente del sector público con determinados nombramientos.
Además, si bien el gobierno lo describe como un "ahorro", endeudarse solo tendría sentido si se renegocia la deuda en mejores condiciones. “Un ingreso temporal vía bonos no debe ser pretexto para no emprender reformas”, añadió Andrade.
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¿Tiene el estado la capacidad de cubrir estos rubros?
Aunque el Estado ha implementado recortes en sus finanzas, como la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, el subsidio a la factura eléctrica de grandes empresas y la creación de una tasa de fiscalización para el sector minero, estas medidas, aunque significativas, no son suficientes.
Esto se debe a que existen obligaciones de deuda preexistentes que deben ser pagadas. “Esta solución es cosmética. Tiene impacto, sí, pero no alcanza para cubrir el tamaño del hueco fiscal”, indica el experto.
Señala que todo endeudamiento representa un impuesto futuro si no se recorta el gasto. De lo contrario, la carga de esa deuda volverá a pesar sobre la economía. Y mientras se siga acumulando deuda, llegará un punto en que el nivel de endeudamiento en relación con el tamaño de la economía será insostenible.
Y que la única forma real de solucionar este problema es llevar a cabo las reformas estructurales que han sido postergadas en Ecuador.
¿Es esta una medida política o económica?
Andrade enfatiza que nada está desvinculado de la política, y que no se trata solo de buscar financiamiento, sino de hacer reformas urgentes: comerciales, fiscales y laborales.
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Aclara que el asunto principalmente radica en un problema económico de flujo de caja: el Estado no tiene liquidez para cumplir con compromisos previos y acude al mercado internacional en busca de fondos. Sin embargo, advierte que esto también tendrá consecuencias políticas, ya que el incumplimiento afecta al gobierno y al sector productivo.
Por eso, insiste en que el verdadero objetivo debe ser ordenar la economía, no solo cubrir faltantes temporales.
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