Paúl Granda: “No hay pruebas en mi contra, pero me llevan a juicio”
Cuando a mediados de 2020, el nombre de Paúl Granda López apareció en la bitácora del edificio Torres Colón, en Guayaquil, donde supuestamente se repartían los hospitales en media pandemia, él pensó que sería fácil probar que era un error. Fiscalía ya había iniciado investigaciones contra Daniel Salcedo Bonilla y la familia Bucaram.
Granda parecía ser la bisagra entre esta trama de corrupción y el Gobierno, pues en ese momento era el presidente del Consejo Directivo del IESS, lo que aparentemente cerraba el círculo desde las más altas esferas.
Pero la bitácora, que era la prueba madre, fue desmentida. En declaración juramentada, uno de los guardias del edificio dijo haber sido presionado por “agentes civiles” para escribir el nombre de Granda.
En esta entrevista, el exministro de Gobierno de Lenín Moreno, expone sus argumentos y alega su inocencia. Un año después, dice haber perdido todo, incluso la confianza en la justicia. Está bajo arresto domiciliario desde noviembre y dice que en todo este tiempo no ha podido trabajar para sostener a su familia.
En los próximos días se le llamará a juicio por delincuencia organizada por supuestamente bonificarse de convenios de pago de los hospitales del IESS, caso en el que, paradójicamente, ya fue sobreseído Dalo Bucaram Pulley, con quien, según tesis de la Fiscalía, Granda habría negociado.
Este caso no es por contratos de emergencia en la pandemia, sino por unos convenios de pago hechos en años anteriores. ¿Qué participación tenía usted en estas contrataciones?
Eso es lo más injusto y absurdo del caso, y por eso se me vincula sin fundamentos. Son 12 convenios de pago por casi ocho millones de dólares que firmaron los exgerentes de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, entre abril de 2016 y octubre de 2018. ¿Cómo pude haber favorecido la suscripción de esos convenios si yo en ese momento no estaba en el Seguro Social ni pensaba asumir ese puesto? Yo llegué al Iess en diciembre de 2018, en calidad de representante del presidente (Lenín Moreno). Además, quienes administran el proceso contractual en las unidades hospitalarias, de principio a fin, son los gerentes de cada hospital y su equipo administrativo.
¿Cuándo asumió la dirección del Iess no notó estas irregularidades?
Cuando llegué a la institución, la Dirección General me informó que había muchos problemas con estos convenios de pago, sobre todo en el Teodoro Maldonado Carbo.
En febrero del 2019 solicitamos de parte del Consejo Directivo la remoción del gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, el señor Luis Jairala Sunino (era gerente desde 2017 y uno de los implicados en este caso por su cercanía con Daniel Salcedo Bonilla). Entonces, ¿cómo el señor Jairala Sunino y yo somos parte de una estructura criminal organizada que tienen que concertar acciones para cometer un delito, si yo pedí su salida?
¿La salida de esa persona detuvo la corrupción?
Lo que le puedo decir es que en el Teodoro Maldonado Carbo, en 2018, se firmaron convenios de pago por 120 millones de dólares. Estos convenios deben ser usados solo en caso de emergencia. Por ejemplo, si se cae el techo de un quirófano y se necesita repararlo urgentemente.
Pero en ese hospital esto era la norma. En 2019, después de que tomamos medidas, los convenios de pago en este hospital fueron solo dos millones de dólares. En junio de 2019 formamos el Comité de Ética y Transparencia en el Iess para definir una política de lucha contra la corrupción. En el periodo que yo estuve se conocieron 180 casos que se presentó a las autoridades.
Entonces, ¿por qué se lo vincula al caso? ¿Por la bitácora?
La Fiscalía dijo que me había reunido con el señor Dalo Bucaram. Y yo me pregunto, si es que eso es verdad, ¿por qué Paúl Granda está llamado a juicio y Bucaram está absuelto con sobreseimiento? El asunto de las bitácoras está manipulado, en el expediente se observan tachones, hojas rayadas, arrancadas.
No existen números de cédulas, cámaras de seguridad. Existen detalles, por ejemplo, de ingresos sin salidas de ese lugar. En declaración juramentada el guardia ya dijo que le presionaron para que ponga mi nombre sin siquiera conocerme. Yo me reuní con el señor Bucaram, pero por motivos de carácter político y por delegación del presidente Lenín Moreno, y no en esas fechas ni en esos lugares. Al señor Salcedo no le conozco.
El juez consideró que Dalo Bucaram y otros integrantes de esa familia, si bien tenían relación de amistad con Daniel Salcedo, no era prueba suficiente para determinar su implicación en el cometimiento delito.
Yo ni siquiera tengo amistad ni conozco a ninguno de los implicados. Han revisado mis cuentas bancarias y las de mis familiares y no han encontrado nada.
El SRI, la UFA, la Superintendencia de Compañías ya dijeron que yo no tengo transferencias con los involucrados, ni relaciones societarias, económicas, personales, nada.
Se les ocurrió decir que hay una transferencia de $ 360 de mis cuentas a Holanda, que dijeron que es paraíso fiscal. Pero eso es por el pago de una cuenta de Netflix, cuando yo vivía en España y el débito se hace en Holanda. Hasta eso han llegado.
Al señor Bucaram lo sobreseyeron por falta de pruebas y yo he demostrado que no tienen pruebas para vincularme, pero me dicen que en el juicio se discutirá eso. Yo tengo miedo de que me condenen siendo inocente.
Entonces, ¿quién está detrás de querer llevarlo a prisión y por qué?
Hay intereses de aquellas mafias contra las que nosotros luchamos en el Iess y, seguramente, hay intereses políticos de tener una persona inocente para que no se investiguen casos que realmente deberían investigarse.
En los pasillos, los fiscales y el juez me han dicho: señor Granda, no tenemos pruebas contra usted, pero no se imagina la presión que tenemos para mantener la acusación.
¿Qué otras inobservancias considera que hay en su caso?
A mí se me vinculó 22 días antes del vencimiento de la instrucción fiscal, a la carrera, cuando la ley establece que se debe hacer al menos con 30 días, para ejercer la defensa de una persona que está siendo vinculada.
Cuando inició la investigación, yo pedí por tres ocasiones rendir mi versión voluntaria porque mi nombre apareció en la bitácora y yo quería aclarar las cosas, pero me vincularon al final de la investigación, violando todos los procedimientos establecidos en la ley.
¿Qué espera del juicio?
No hay pruebas en mi contra y lo hemos demostrado, pero aun así, me llevan a jucio. Espero que la justicia actúe con absoluta objetividad, que se haga realmente justicia, que no se deje manipular ni por poderes políticos, ni institucionales ni mucho menos mafiosos. Llevo ocho meses sin trabajar y estoy en una situación complicada desde el punto de vista económico.
En este momento tenemos que abandonar el departamento donde vivimos porque ya no tenemos cómo pagarlo. Eso implica que mi familia tenga que ir a vivir con los abuelos en Cuenca y yo tenga que buscar refugio en la casa de mi padre, aquí en Quito, para poder continuar con la defensa.
