Radiografía a las ocho preguntas de la consulta popular: ¿Qué tan beneficiosas son para el Ecuador?
La narrativa de una cruzada nacional, para fortalecer la democracia frente a la amenaza del crimen organizado, tiene un objetivo claro: despertar entre los electores ecuatorianos una respuesta unánime. Así se transformó el contenido de la consulta popular, lanzada luego de tres anuncios sucesivos.
"La consulta va, sí o sí", anunciaba el 6 de septiembre de 2021 el presidente Guillermo Lasso, sobre la inminente convocatoria. Exactamente un año y seis días más tarde, su gobierno lanzó la propuesta de consulta popular, con ocho preguntas que fueron remitidas a la Corte Constitucional. El hilo conductor del texto de 470 páginas, que sustenta la iniciativa, insiste en la necesidad de que la sociedad ecuatoriana frene el avance del crimen organizado. Las palabras “resiliencia” y “democracia”, convertidas en mantra oficial, se repiten más de 15 veces en el documento.
De esta forma, el Ejecutivo da pistas sobre el mecanismo que eligió para destrabar el bloqueo de varias caras que agobia al país: político (embate desde la Asamblea); social (anuncios de un nuevo paro indígena en medio de un proceso de diálogo); económico (falta de inversión privada, baja calidad de empleo); e institucional, que se traduce en la falta de resultados en la gestión de salud pública, crisis en cárceles y problemas en la seguridad social, entre otros factores que agobian a la población. Eso, sin contar con la amenaza latente de la inseguridad, que puede estar a la vuelta de la esquina. El crimen transnacional se comporta como teratoma (tumor monstruoso) que crece en malignidad y se multiplica por el país, en medio de una crisis generalizada y un incumplimiento de las leyes y las normas. A este fenómeno se lo conoce como anomia.
La narrativa gubernamental de una cruzada nacional para fortalecer la democracia frente a la amenaza del crimen organizado busca despertar entre los electores ecuatorianos una respuesta unánime y positiva. Es el factor de movilización que invoca este gobierno para plantear la consulta.
Como admitió a Vistazo el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, “Hay una constatación fáctica, de cómo es que el crimen organizado, no solo hablo del narcotráfico, está traumatizando el comportamiento de los ciudadanos por los impactos de violencia. El Gobierno tiene la responsabilidad de reaccionar y lo está haciendo”.
Ordóñez revela que el país pasó de niveles bajos de violencia, a moderados. “Avanzamos a un rango medio, pero si proyectamos la curva de crecimiento, caminamos a alta y en cuestión de pocos años, a un nivel de violencia muy alta, cuando difícilmente será reversible”.
No es una coincidencia que antes del fin del gobierno de Lenín Moreno y desde la gestión de Guillermo Lasso la curva se empinara en el indicador de muertes violentas, según aclara Ordóñez. “Las personas no se volvieron más violentas; es que antes no había una estrategia ni una acción del Estado; ahora hay una acción contundente y por eso se vive una reacción”. En su visión, el trasfondo de las preguntas planteadas es económico, porque “sin seguridad no llega inversión”.
Como sentencia el catedrático experto en Seguridad Freddy Rivera, el Estado ecuatoriano se encuentra bajo la emboscada del crimen transnacional. Él pone en duda que la amenaza sea detenida a través del mecanismo de la consulta.
TERCER INTENTO
La consulta popular, anunciada por el gobierno en diciembre de 2021 y en abril y agosto de 2022, generaba expectativa.
El periodista y analista político José Hernández advierte que esperaba una consulta “más disruptiva”. Según explica a Vistazo, “Una consulta es un momento privilegiado de diálogo entre quien formula las preguntas y aquellos que deben pensarlas y responderlas. Se entiende que deben ser preguntas trascendentes que buscan dirimir disyuntivas esenciales o aportar soluciones a problemas represados. En esos dos planos, el país arrastra un sinnúmero de materias”.
¿Por qué afirma que debió ser más disruptiva? “El presidente dejó intocados temas a los que la Asamblea no ha dado paso y están relacionados con la vida cotidiana de los ciudadanos, como nuevos modelos de contratación, seguridad social... Esa disonancia implicaba para el Ejecutivo tener que enfrentar a la esfera política. En vez de las urgencias nacionales, ampliamente diagnosticadas, partidos y asambleístas se entretienen conspirando o en espectáculos deprimentes que explican que su popularidad esté por los suelos”.
Según Hernández, la consulta estaba llamada, en realidad, a preguntar sobre temas variados. “La opción tomada por el presidente solo deja la seguridad como vínculo con la cotidianidad que es, en general, lo que más involucra y moviliza a los ciudadanos”.
En 2011, el gobierno de la revolución ciudadana usó el argumento de la inseguridad en las calles como justificativo para lanzar una consulta popular que, en última instancia, le permitió meter las manos en la justicia. Para ello, reformó la integración del Consejo de la Judicatura, al cual lamentablemente politizó. La herencia, una década más tarde, es la pugna por el control de los órganos judiciales.
Apenas se conoció el actual contenido de las preguntas, la Fiscalía del Estado alertó que una de ellas pudiera vulnerar su independencia. Fue el primer tropiezo de la iniciativa.
Sin embargo, el Ejecutivo se defiende. Según explicó el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, a Vistazo, “el Consejo Fiscal planteado en una de las preguntas, no resta autonomía a la Fiscalía, al contrario, la fortalece, pues nace de ella misma. Este consejo sería integrado por siete miembros designados por la Fiscal General, cumpliendo en resumen los mismos requisitos que deben cumplirse para ingresar a la carrera fiscal. Actualmente la Fiscalía no controla la evaluación, suspensión, remoción o ascenso de los fiscales, lo hace el Consejo de la Judicatura, por lo que esta enmienda fortalece la autonomía de la Fiscalía”.
TRES EJES
Las ocho preguntas están planteadas en tres ejes, según la propuesta oficial. “Las primeras tres preguntas dotan de recursos a las instituciones para cumplir con su rol de protección a la ciudadanía; las siguientes tres buscan fortalecer las instituciones democráticas. Las últimas dos buscan efectivizar la protección de los recursos naturales, vulnerables ante los grupos criminales que destruyen el medio ambiente”, cita el documento.
La primera se relaciona con la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir el crimen organizado. Según el general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, “La actuación de las FF.AA. en apoyo a la Policía Nacional debe darse en el marco de una excepcionalidad, es decir en situaciones de crisis o déficit de recursos. Orientar el esfuerzo de manera permanente en misiones de policía, desnaturalizaría las capacidades militares”.
Altamirano aclara que “sin necesidad de la figura de la complementariedad, las FF.AA. desde sus respectivos roles pueden aportar con múltiples tareas en los dominios terrestre, aéreo, marítimo y del ciberespacio. Otorgar esta misión adicional y de forma permanente conducirá a la desatención de las brechas de capacidad existentes de la defensa, a la desprofesionalización y a la duplicación de recursos del Estado. Es muy riesgoso pensar que militarizando a la seguridad ciudadana se encuentren respuestas a los problemas del país”.
No menos controversial, la pregunta dos se refiere a la posibilidad de permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. La tradición constitucional ecuatoriana prohíbe extraditar a connacionales. El cambio propuesto, sin embargo, responde al avance del crimen transnacional. ¿Será un elemento disuasivo? Para Altamirano, “Ecuador juega un rol de almacenamiento y transporte en la ‘cadena de valor’ del negocio de la droga; lo que provocará que serán pocas las personas claves, cuyo interés de su juzgamiento se presente en jurisdicciones extranjeras; lo que no significa que será un elemento disuasivo”.
Tres circunstancias deberían darse, según la propuesta, para viabilizar la extradición de ecuatorianos: siempre que haya un instrumento internacional que lo viabilice; se negará la solicitud del Estado requiriente si el fin de la extradición es perseguir por creencias o ideología; tampoco se concederá la solicitud si la vida y la integridad del ciudadano pueden correr peligro.
Un debate similar se planteó la sociedad colombiana a fines de la década de los 80, ante una iniciativa legal para extraditar a cárceles de EE.UU. a acusados por narcotráfico, en su mayoría pertenecientes al cartel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza. La reacción fue violenta, y la consigna: “Es preferible la tumba en Colombia que una prisión en EE.UU”.
Según el general Altamirano, un cambio estructural en relación con la situación de Fiscalía hubiera sido contar con una policía de investigaciones, deslindada de la policía nacional, permitiendo generar pesos y contrapesos institucionales, “necesarios en la búsqueda de una verdadera autonomía operativa y frente a los problemas de penetración del crimen organizado en los espacios estatales”.
Mientras las preguntas de la consulta encendían el debate, la desaparición de una abogada quiteña en un recinto de formación policial al norte de Quito, desvió la discusión. El principal sospechoso es su esposo, un teniente de policía que actuaba como instructor de los uniformados.
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TEMAS POLÍTICOS
De las tres preguntas diseñadas para fortalecer la democracia, dos pudieran hallar reparos en la Corte Constitucional: la que consulta sobre la disminución del número de asambleístas en función de la representatividad y la que plantea retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la capacidad de seleccionar 77 autoridades de control. La tercera permitiría que movimientos políticos sin el 1,5 por ciento del registro electoral desaparezcan del tablero.
Con un bajo nivel de aceptación y credibilidad, la legitimidad de la Asamblea Nacional está bajo duda. Cada uno de sus asambleístas representa un valor mensual de 15.825 dólares que pagan los contribuyentes por cada uno de los 137 legisladores. ¿Valen lo que cuestan el asambleísta, sus dos asesores y sus dos asistentes cada mes?
Sin embargo, la Corte Constitucional puede argumentar que la pregunta busca alterar una Función del Estado. La propuesta reduciría 37 curules, dejando a 100 asambleístas.
La pregunta relacionada con organizaciones políticas argumenta que en ciertos cantones, bastan cien individuos para proponer candidatos. Las 279 organizaciones vigentes en la actualidad hacen que Ecuador sea el más fragmentado, después de Argentina y antes de Bolivia. “Los costos de la proliferación de organizaciones políticas son altísimos, reciben financiamiento del Estado... entre 2013 y 2021 le costaron al país 122,5 millones de dólares”, razona el documento.
La fragmentación incide en la dispersión de candidaturas para las dignidades; en 2009 hubo ocho candidatos para Presidente y 1.598 postulantes para la Asamblea; en 2021 fueron 16 presidenciables y 2.156 aspirantes al Legislativo.
El Consejo de Participación Ciudadana se vería despojado de sus atribuciones para nombrar autoridades de control, así lo plantea una de las preguntas, pero la Corte Constitucional pudiera rechazarla por influir en el quinto poder del Estado.
Las últimas dos preguntas de la consulta planteada se refieren a temas ambientales. Según explica el secretario jurídico Fabián Pozo, “La primera busca solucionar un problema práctico relativo a la incorporación de las áreas de protección hídrica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y con ello, las garantías que las cubren. La segunda permite el desarrollo de iniciativas de vanguardia como los bonos ambientales, bonos de carbono, compensaciones por servicios ambientales en general, que permitan generar incentivos económicos para quienes prestan estos verdaderos servicios ambientales, en su mayoría pueblos y nacionalidades”.
