¿Por qué la propuesta para legalizar porte de armas es "infundamentada", según la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo criticó una propuesta de ley que viabilizaría el libre porte de armas para que los ciudadanos se defiendan del incremento de la delincuencia. Esto, luego de que durante la sesión solemne por los 201 años de Independencia de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri presentara al presidente de la República, Guillermo Lasso, un proyecto sobre seguridad, denominado 'Ley Por la Vida y la Protección Ciudadana'.
Mediante un comunicado, la Defensoría, a cargo de César Córdova, empezó analizando una encuesta sobre pobreza a nivel nacional, elaborada en diciembre 2019 por el Instituto Nacional sobre Estadísticas y Censos, donde se determina que Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia de pobreza.
Además, expuso datos de la Policía que mencionan 63.498 aprehensiones a nivel nacional en lo que va del 2021, y destaca que el 20% se concentraron en la provincia del Guayas. Mientras que, en las estadísticas reportadas por el SNAI, a julio del 2021, se observa que las 29.408 personas privadas de libertad, corresponden a población cuya edad oscila entre los 18 a 40 años lo que representa el 75%, es decir, población joven económicamente activa.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo concluyó que el origen de los problemas de violencia y delincuencia que asechan a varias ciudades del Ecuador "se centran en la falta de estrategias estatales (...) lo cual incide directamente en los hechos de violencia agravando aún más el uso indiscriminado de la prisión preventiva que exacerba la criminalización de la pobreza".
"El hecho de proponer el libre porte de armas no constituye una solución de raíz, simplemente responde al populismo penal y teorías seguritistas que en la práctica no han servido para evitar la criminalidad en ningún país del mundo. Varios estudios criminológicos han concluido que ni esta medida, ni el aumento de penas inciden favorablemente en la prevención del delito, razón por la que se exhorta a no hacer eco de estas propuestas infundamentadas y sin enfoque en DDHH, rehabilitación y reinserción social", argumentó la institución.
Además, recordó que la Constitución de la República determina que: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”
También puntualizó que el Estado, a través de los distintos gobiernos de turno a nivel nacional y seccional, "ha desatendido de forma técnica las causas de los problemas estructurales y no han asignado recursos suficientes dirigidos a formular, expedir y ejecutar una política integral en materia de prevención de delitos y rehabilitación social (...) fiel reflejo de ello es la violencia presentada tanto en las calles, como en los centros a cargo del Sistema de Rehabilitación Social, especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos".
Por último, la Defensoría hizo un exhorto a las autoridades, contemplado en los siguientes siete puntos:
1. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a implementar acciones dirigidas a promover y garantizar la seguridad humana bajo un abordaje integral que promueva el pleno ejercicio de los derechos de las personas y no solo una visión seguritista.
2. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a promover políticas y programas educomunicacionales que permitan garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad; a actuar con eficacia y celeridad ante la vulneración de derechos; a no criminalizar la pobreza.
3. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a formular, expedir y ejecutar una política integral dirigida principalmente a proteger al ser humano.
4. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza, en lugar de criminalizarla.
5. Las diferentes autoridades a nivel nacional y local a no incitar a la ciudadanía a tomar el uso de las armas para proveerse de una falsa seguridad.
6. A la Función Judicial a promover una eficaz y eficiente protección a las víctimas con medidas de reparación integral material e inmaterial.
7. A los órganos con facultad normativa a no proponer ni expedir medidas basadas en el populismo penal ni en teorías seguritista sin enfoque en DDHH.
Alcaldesa de Guayaquil entrega proyecto sobre seguridad que legaliza el porte de armas
Viteri ya había planteado que los ciudadanos porten armas. Pero, el pasado sábado 9 de octubre, añadió que esos artefactos deberían ser facultados a quienes pasen "los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa".
"Asumo las críticas y los riesgos que contrae una propuesta que puede ser polémica, pero que existió y que es una de las cosas que podría sumarse a una política de Estado antidelincuencial", manifestó
