Nuevo decreto de estado de excepción es la "Fase 2" de la guerra contra el terrorismo, declara Daniel Noboa
El Gobierno anunció este miércoles la declaración de un nuevo estado de excepción focalizado en siete provincias del país después de que la última medida de este tipo fuese declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al señalar que su carácter extraordinario no estaba debidamente fundamentado.
Este fue el principal acuerdo tomado de forma unánime por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), celebrado este miércoles en el Palacio de Carondelet, con la presencia del presidente Daniel Noboa.
"Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra (contra el terrorismo). Una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana", declaró Noboa en redes sociales, tras el anuncio.
"Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. (...) Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan libertad de acción", agregó.
La decisión del Ejecutivo se dio a conocer en el marco de una serie de hechos violentos registrados principalmente en Manabí. Esta semana, en varias ciudades de la provincia como Manta y Tosagua, se han registrado masacres en las que se ha disparado contra ciudadanos en espacios públicos, como canchas deportivas o calles.
La asesora presidencial Diana Jácome argumentó previamente que el estado de excepción "es necesario en varias provincias por el número actos delictivos del que cada uno de nosotros hemos sido testigos". Acotó que el decreto será entregado a la Corte Constitucional "para que emita el dictamen que corresponda".
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"Es importante tomar acciones y por ello el Gobierno nacional ha decidido decretar un nuevo estado de excepción. La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno", indicó.
Falta de justificación por el estado de excepción previo
El pasado viernes 10 de mayo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el anterior estado de excepción decretado por Noboa para combatir la delincuencia organizada por sesenta días en cinco provincias (Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro), todas ellas situadas en la zona costera del país.
En su dictamen, con siete votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en su nueva declaración de estado de excepción no ha justificado la configuración de "conflicto armado interno" esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.
La magistrados constitucionales resolvieron que "tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario.
La medida había sido emitida el 30 de abril y contemplaba la movilización de las Fuerzas en Armadas en apoyo a la Policía para combatir a la delincuencia organizada y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para poder ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial.
En el momento de emitirse ese estado de excepción todavía no había entrado en vigor la reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum del pasado 21 de abril donde se permite que los militares brinden apoyo permanente a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de estados de excepción.
Conflicto interno armado
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Este miércoles la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de "conflicto armado interno" no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.
