Fiscalía abre investigación por presunta corrupción de asambleístas de Pachakutik, denunciada por Lasso
En menos de 24 horas de la denuncia presentada por el presidente de la República Guillermo Lasso sobre los actos de corrupción por parte de cinco asambleístas y un asesor, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a una investigación previa.
Así lo anunció la institución, liderada por la fiscal Diana Salazar, mediante un comunicado divulgado este domingo 27 de marzo de 2022.
La FGE informó a la ciudanía que, de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, hoy ha dado inicio a una investigación previa por los hechos denunciados por el Presidente de la República.
La institución indicó que, como le corresponde en todos los casos -según lo dispone el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)-, llevará adelante una "investigación objetiva que reúna elementos de convicción, de cargo y de descargo", que le permitan decidir si formula una imputación.
Recordó también que, según lo establece el artículo 584 del COIP, las actuaciones de Fiscalía y las demás instituciones que intervienen en una investigación previa, son de carácter reservado.
Al final, la FGE hizo un llamado a los ciudadanos que puedan aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de esta investigación, "a que los pongan en conocimiento de la institución para, de esta manera, procesar a sus responsables y evitar que exista impunidad".
De su parte, el movimiento indígena Pachakutik exhortó a la Fiscalía a que realice la correspondiente investigación y se sancionen a los responsables de "actos alejados de la ética".
También informó que realizará el debido proceso de investigación y buscarán las pruebas necesarias "ante estas serias acusaciones que se dan luego de no aprobarse una Ley".
Y advirtió que de ser hallados culpables quienes son acusados, "no solo serán sancionados casa adentro, sino exigiremos la sanción legal correspondiente tanto para quien pidió dinero como para quien lo ofreció a cambio de votos".
Los legisladores involucrados Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como al asesor parlamentario Marcelo Rosero, según el relato del mandatario, habrían pedido beneficios económicos "a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley".
