Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez es procesado por sabotaje: dictaron medidas cautelares en su contra
El exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor B., fue procesado por la Fiscalía Provincial del Azuay por su presunta autoría en el delito de sabotaje.
El fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, sostuvo que en abril de 2022, Elías Baldor B., aprovechándose de su cargo de alcalde convocó a reuniones públicas a los moradores de la comunidad La Florida del cantón Santa Isabel, a quienes habría influenciado e incitado para que adopten medidas de hecho: obstaculicen la vía pública e impidan la libre circulación vehicular.
El argumento del Alcalde fue que en esta comunidad existe una concesión minera, que no cuenta con los permisos de uso de suelo ni ha cancelado las tasas correspondientes al municipio de Camilo Ponce Enríquez.
Según Fiscalía, aquello ocurrió a pesar de que los representantes legales de la compañía presentaron documentación que justifican la legalidad de las actividades mineras, como escrituras públicas de los terrenos donde funciona la concesión minera y que se encuentran ubicados en el cantón Santa Isabel, por lo tanto fuera de la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez.
Tras la realización de las mencionadas reuniones, se improvisó en la vía pública un control vehicular, que era custodiado por un grupo de personas con el objetivo de impedir la libre circulación de volquetes, que trabajan para varios concesionarios mineros y, además, restringir la libre movilidad de personas y vehículos.
De acuerdo a la investigación, por disposición de Elías Baldor B., el 3 de mayo de 2022 –con el empleo de personal y maquinaria municipal– se abrió varias zanjas de dos a tres metros de ancho, destruyendo tubería de drenaje de la carretera Pijilí-Santa Teresita-Bella Aurora, ubicada en el cantón Santa Isabel, lo cual impidió el libre tránsito de vehículos y peatones, provocando la paralización de actividades en la zona.
La mañana del lunes 14 de agosto se efectuó la audiencia de formulación de cargos, en la que Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Azuay dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y de enajenar bienes.
La instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días, se basa en: versiones del denunciante y de testigos, reconocimiento del lugar de los hechos, informes técnicos periciales de audio y video y de planimetría forense, documentación que acredita la legalización e inscripción de la concesión minera y su transferencia a favor de una compañía, fotografías y links de redes sociales, en los cuales se observan los hechos.
Elías Baldor B. es procesado de acuerdo al artículo 345, inciso uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de sabotaje con privación de libertad de cinco a siete años.
