Cynthia Viteri acusada de nepotismo por la Contraloría: no podría ejercer cargos públicos por dos años
Este domingo 14 de abril del 2024, la CGE emitió un comunicado en el que afirma que predeterminó la destitución de Viteri, la ex directora de recursos humanos y ocho funcionarios más del Municipio de Guayaquil, que no podrían trabajar en esa institución.
Las 10 personas tendrían relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos en funciones y con la ex directora de recursos humanos del gobierno autónomo descentralizado.
Esta exfuncionaria habría contratado a su prima, cuñado y hermanos mientras ejerció como delegada de la máxima autoridad para suscribir contratos de servicios ocasionales y acciones de personal, según la Contraloría.
Además, la institución de control detalló que la exalcaldesa Viteri contrató a los hermanos, la cónyuge y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal.
Contraloría recalca que las 10 personas habrían incurrido en la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
“Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho”, dice la normativa.
Además, la ley extiende ese impedimento a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o directorios.
Contraloría hace estas observaciones luego de un examen a la gestión de talento humano en el cabildo guayaquileño entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2023.
La auditoría concluyó que no se implementaron los controles necesarios para evitar que se contrate a personal inmerso en las inhabilidades y prohibiciones para ejercer cargos públicos en el Municipio de Guayaquil.
Lea también: Municipio de Guayaquil confirma denuncia sobre irregularidades en Empresa Pública de Vivienda
¿NO PODRÁN EJERCER CARGOS PÚBLICOS?
A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 30 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.
Después, del análisis de estos argumentos, la CGE podrá confirmar total o parcialmente las responsabilidades o no confirmarlas, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
En caso de confirmarse las irregularidades, las personas sancionadas no podrán ejercer cargos públicos por dos años y, según lo establecido en el artículo 15 de la LOSEP, transcurrido ese periodo no podrán reingresar a trabajar en el Municipio de Guayaquil.
