Conaie y colectivos sociales presentaron denuncias contra la reforma tributaria
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y algunos asambleístas del Movimiento Pachakutik presentaron este lunes una acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto-Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, vigente desde finales de noviembre.
“Los efectos negativos van a ser muy lesivos frente a la crisis económica que surgió luego de la pandemia del COVID-19”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie en los exteriores de la Corte Constitucional.
El dirigente indígena mostró su preocupación frente al destino del dinero que se recaudará con la tabla tributaria y regularización de activos en el exterior, es decir, que las personas que tengan inversiones o capitales fuera del país paguen impuestos en Ecuador, incluso si son paraísos fiscales.
“No puede ser que esos recursos vayan al pago de la deuda externa, más no se están recuperando para incentivar la producción, ni para salvaguardar los intereses de los trabajadores o de la clase popular de este país”.
La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, fue promulgada como decreto-ley el pasado 29 de noviembre en el Registro Oficial, luego de que la Asamblea no logró aprobar, modificar o archivar el documento enviado por el presidente.
La norma, de carácter urgente, tiene como objetivo promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano y la seguridad jurídica para la reactivación económica.
El presidente Guillermo Lasso dijo que se prevé recaudar 1.900 millones de dólares en los próximos dos años, estos recursos se destinarán “a la protección de los más vulnerables y al fortalecimiento de programas de asistencia social”.
Entre los parlamentarios que acompañaron a Iza estuvieron: Darwin Pereira, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Mario Ruiz, Joel Abad y Fernando Cabascango.
En total siete asambleístas de 26 legisladores de Pachakutik, lo que demostraría el fraccionamiento del bloque ya que no todos apoyan la demanda de inconstitucionalidad.
En este contexto, Leonidas Iza mencionó que hay legisladores que están apegados a las decisiones de los sectores populares, pero otros estarían alineados al Gobierno.
“Vienen del estrato popular y acaban cediendo posiciones para beneficiar en este caso a la gran banca”, mencionó el líder indígena, quien hizo un llamado a los asambleístas a que escuchen las necesidades de los sectores más necesitados.
OTRA DEMANDA
Integrantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y del movimiento Unidad Popular (UP) también acudieron a la Corte Constitucional para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma tributaria.
Geovanni Atarihuana, dirigente de UP, indicó que hay una docena de artículos que podrían ser perjudiciales para el país, por eso piden suspender la ley.
"Las demandas tendrán que ser unificadas por los jueces constitucionales, hay distintas organizaciones, académicos y sectores políticos; sin embargo al final del día todos estamos defendiendo lo mismo que es la vida de los ecuatorianos frente a una ley que no tiene apoyo popular".
MOVILIZACIONES
Tanto la Conaie como los gremios de trabajadores anunciaron que retomarán las movilizaciones desde enero, entre otras cosas, por la falta de respuesta sobre los precios de los combustibles e incremento de salarios y solución a conflictos laborales.
Aunque Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, señaló que este 15 de diciembre habrá una marcha de los jubilados que también demandan que se paguen los recursos que se requieren para la seguridad social.
