Asamblea presentará queja ante Judicatura debido a medidas cautelares dictadas por jueces
Este martes 7 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos afirmativos, 19 negativos y 29 abstenciones, resolvió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que en el plazo de 48 horas presente una queja ante el Consejo de la Judicatura.
La solicitud está dirigida en contra del Juez de la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Pedro Fabián Troya Aldaz, debido a las presunciones de que admitió un pedido de medidas cautelares constitucionales en contra de cinco miembros de la Legislatura, irrespetando las reglas de aplicación obligatoria emitidas por la Corte Constitucional.
Así mismo se exhortó al Consejo de la Judicatura, para que, a través de la Escuela de la Función Judicial, desarrolle capacitaciones para los jueces del país, en materia constitucional.
Además, en el texto se recuerda al Presidente de la República, Guillermo Lasso, que, para garantizar la seguridad jurídica del país, la Función Judicial está dotada de total independencia, por ende, no puede ser reducida a un instrumento de defensa de un proyecto político.
El documento también rechazó "los intentos de obstaculizar la labor legislativa y condenó la persecución y acoso laboral ejercido en contra de los asambleístas que han sido sujetos de denuncias penales desencadenadas del desarrollo de sus funciones constitucionales y legales".
El legislador Angel Maita, proponente de la resolución, dijo que el Parlamento debe proteger las tareas de un asambleísta como es legislar y fiscalizar que va de la mano de la inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones y actuaciones.
Agregó que en los últimos días, desde la sede legislativa se propiciaron medidas para amedrentar y perseguir a los legisladores con juicios penales por incumplir una sentencia de primera instancia, precisó. "Si se permite que se vulnere la investidura de los parlamentarios con este tipo de maniobras audaces la democracia está riesgo", advirtió.
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En el debate, los legisladores recordaron los antecedentes históricos, constitucionales y doctrinarios de la división de poderes dentro de un Estado. Aseguraron que existe intromisión en los actos y decisiones propias de la Asamblea Nacional, por lo que es necesario hacer respetar la institucionalidad de la Legislatura, así como la independencia de las funciones del Estado.
