Daniel Noboa envía enmienda al CNE para cambiar designación de autoridades: estas son las claves
El proyecto de enmienda constitucional tiene como objetivo transferir la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional.
Tras cumplir con el proceso de revisión en la Corte Constitucional, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió un proyecto de enmienda constitucional al Consejo Nacional Electoral (CNE) que plantea una reforma en el sistema de designación de autoridades de control en Ecuador.
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El proyecto tiene como objetivo transferir la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la Asamblea Nacional, además de implementar nuevos mecanismos de designación.
Estas son las claves del planteamiento:
El principal giro sería el traslado del poder de designación desde el CPCCS hacia la Asamblea Nacional.
Según la Constitución de 2008, la función del CPCCS es la promoción y garantía de la participación ciudadana, control social y rendición de cuentas, y liderar los procesos de designación de autoridades.
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El CPCCS está integrado por siete consejeros y consejeras principales y siete suplentes elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, la cuarta Función del Estado según el orden constitucional.
Actualmente, el CPCCS es el encargado de designar a las principales autoridades de control mediante concursos públicos. Con la enmienda, esta facultad pasaría a la Asamblea Nacional, modificando la estructura vigente.
De aprobarse el referéndum, la Asamblea Nacional asumiría la designación de: el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los superintendentes, el Procurador General del Estado y los integrantes del Consejo de la Judicatura.
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Además, se declararían desiertos los procesos de designación que se estén llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana. Esto incluye, por ejemplo, el proceso para designar al Fiscal General del Estado.
En lugar de concursos, sería el Pleno de la Asamblea Nacional el que designe a las autoridades y sus suplentes mediante votación por mayoría.
Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional, el proceso pasa al ámbito electoral. El CNE deberá organizar el referéndum para que los ciudadanos decidan si aprueban o no la enmienda.
La intención del Ejecutivo es que la consulta se realice junto a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, cuando se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales; y autoridades del CPCCS, con sus respectivos suplentes.
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