La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre el acuerdo de inversiones suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, tras concluir que es compatible con la Constitución, aunque con una condición específica sobre su aplicación.
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El pronunciamiento consta en el Dictamen 19-25-TI/26A, en el que la Corte analizó el contenido del tratado en contraste con la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
El acuerdo, firmado el pasado 6 de diciembre durante la visita del presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos, busca promover y proteger de forma recíproca las inversiones entre ambos países.
Según el análisis del organismo, el tratado es constitucional siempre que su artículo 20 incorpore una exclusión expresa que impida al tribunal arbitral conocer controversias contractuales o comerciales entre el Estado y actores privados.
Esta disposición apunta a garantizar la coherencia del acuerdo con el artículo 422 de la Constitución, que regula los mecanismos de solución de controversias internacionales.
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Una vez incorporada la modificación exigida, el documento deberá ser remitido nuevamente para su verificación constitucional antes de continuar con el trámite de ratificación.
La decisión de la Corte no fue unánime, pues contó con dos votos salvados de la jueza Alejandra Cárdenas Reyes y el juez Alí Lozada Prado.
Con este dictamen, la Corte Constitucional reafirmó su rol de control previo en tratados internacionales, asegurando que la participación del Ecuador en acuerdos de inversión se ajuste a los límites establecidos por la Carta Magna.
Desde el Ejecutivo, se ha señalado que el tratado permitirá impulsar la llegada de inversión extranjera hacia sectores estratégicos.
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La canciller Gabriela Sommerfeld destacó que el acuerdo contribuirá al dinamismo económico y a la generación de empleo en el país.
Asimismo, la Presidencia indicó que el instrumento establece garantías para atraer capital hacia áreas como infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital, turismo, minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible.