En el marco de la fase de contestación del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, un grupo conformado por 65 ciudadanos, entre ellos representantes de colegios de abogados de cinco provincias y exjueces de la Corte Constitucional, presentó al Pleno de la Asamblea Nacional una carta en la que rechazan el actuar del titular y exigen su destitución.
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"(Sentimos) profundo malestar e indignación por los acontecimientos recientes que demuestran la injerencia del narcotráfico y del crimen organizado en la Función Judicial; y en particular la conducta reprochable y aquiescente del señor Mario Fabricio Godoy Naranjo, con tal intromisión, lo que demuestra una falta irremisible a su obligación como Presidente del CJ de garantizar la honradez y rectitud de la administración de justicia", expresaron en la misiva.
Hasta el 31 de enero, deberán presentar sus argumentos y pruebas tanto los interpelantes como Godoy, que se encuentra envuelto en polémica luego de que salieran a la luz denuncias sobre supuestas injerencias en un proceso judicial, vinculadas a amenazas en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano.
Según las acusaciones, Henry Gaibor, entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, habría intentado incidir en la decisión del magistrado para favorecer a Jezdimir Srdan, ciudadano serbio procesado por lavado de activos.
El extranjero había sido representado inicialmente por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien posteriormente señaló que se apartó del caso en noviembre de 2024. Pese a ello, Serrano aseguró haber sido objeto de presiones y amenazas luego de integrar el tribunal que condenó a Srdan a 10 años de prisión, situación que lo llevó a presentar su renuncia ante la falta de resguardo policial.
El juicio político entró en una nueva fase de controversia la semana pasada, tras la aparición de serias acusaciones contra directores designados durante la gestión de Godoy.
La noche del viernes, el Pleno dio paso a la salida de Roger Tumalli de la Dirección Jurídica, a casi dos meses de que una funcionaria denunciara un presunto abuso sexual; mientras que, un día antes, la entidad dispuso la separación del área de dirección administrativa de Álex Gallo y Miguel Caicedo, luego de que un proveedor los señalara por supuestamente exigir un 14% de un contrato de USD 232.000.
Luego de la fase de contestación, en cuyo marco fue enviada la misiva al Pleno del Legislativo, del 1 al 10 de febrero, está prevista la actuación de pruebas.
El cronograma establece que, a partir de ese momento, la Comisión Permanente Especializada de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional contará con cinco días, del 11 al 15 de febrero, para elaborar y difundir su informe final.
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No obstante, si se aplica una prórroga, el plazo podría extenderse hasta el 20 de febrero, tras lo cual el informe sería notificado al funcionario en un lapso adicional de dos días, que concluiría el 22 de febrero.