Caso 'Triple A': Audiencia de juicio no se instaló debido a la inasistencia de dos abogados
Los abogados señalaron que tenían complicaciones médicas y advirtieron que continuar el proceso en esas condiciones podría derivar en futuras nulidades.
La audiencia de juicio en contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 16 personas por la presunta comercialización irregular de combustibles en el denominado caso Triple A, no se instaló este miércoles, como estaba previsto, dada la inasistencia de los abogados de dos procesados.
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José Navarrete, abogado de Lady Cedeño, y Erick Mayorga, defensor de la empresa Fuelcorp, una de las seis sobre las que recaen acusaciones, no acudieron a la diligencia, realizada en el Complejo Judicial Iñaquito, en la ciudad de Quito, a la que sí asistió de manera presencial el burgomaestre.
El juez ponente, que había admitido que la diligencia fuera transmitida en vivo por medio de YouTube, definió como nuevas fechas para el inicio del proceso el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026, luego de revisar los certificados médicos presentados por los defensores de las partes procesales.
La Fiscalía General del Estado, a través del fiscal Denis Villavicencio, no objetó el diferimiento de la audiencia, pero recordó al juez Jorge Sánchez Pico que la normativa vigente le otorga la facultad de sancionar económicamente a los abogados cuya inasistencia retrasó el inicio del juicio.
Por su parte, Navarrete y Mayorga argumentaron que la Defensoría Pública no está facultada para representar a personas jurídicas, como en el caso de Fuelcorp, y advirtieron que continuar con la audiencia en esas condiciones podría derivar en futuras nulidades.
Caso "Triple A"
Este caso se dio a conocer el 11 de julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables al Gobierno de Noboa. Se investiga el presunto desvío de combustibles subsidiados para ser vendidos en países vecinos a precio de mercado, eludiendo el beneficio estatal.
De acuerdo con los peritajes, el presunto fraude alcanzaría aproximadamente $61.502 658,39. Además, se constató que la capacidad de almacenamiento de las estaciones vinculadas a la presunta trama de de venta ilícita no coincidía con lo adquirido, y que se realizaron transacciones no autorizadas en varios casos.
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El 13 de junio, la Fiscalía formalizó la acusación contra Aquiles Álvarez por presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles. El pasado 1 de octubre se ratificaron las medidas sustitutivas dispuestas en contra del burgomaestre, quien porta un grillete electrónico por el caso.
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