Presidente de la Judicatura, Mario Godoy, pide licencia tras acusaciones por presuntas amenazas a un juez
Las amenazas contra un juez estarían presuntamente relacionadas con un caso de narcotráfico.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó este lunes 22 de diciembre licencia para preparar su defensa, en medio de la polémica generada por presuntas amenazas contra un juez, dentro de un caso relacionado con narcotráfico.
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La decisión se produce luego de que, por unanimidad, la Asamblea Nacional resolviera que el presidente del Consejo de la Judicatura comparezca de manera presencial e indelegable ante el Pleno, en un plazo máximo de ocho días, con el fin de que rinda explicaciones sobre las supuestas amenazas denunciadas por el juez Carlos Serrano, hechos que derivaron en la renuncia del magistrado.
Las amenazas estarían presuntamente relacionadas con un caso de narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.
Asamblea pone en la mira a Mario Godoy
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Godoy señaló que su decisión de solicitar licencia responde a la necesidad de garantizar la institucionalidad y la transparencia en el Consejo de la Judicatura.
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En el texto, Godoy afirmó que la medida permitirá preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional sin interferir en las actividades del Consejo de la Judicatura, "tomando en cuenta que este ha sido un ataque personal hacia mí y mi familia, del cual me defenderé con la verdad".
Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció que presentarán una solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy, por la "gravedad extrema" de las denuncias que hoy sacuden al Consejo de la Judicatura.
La legisladora correísta Viviana Veloz cuestionó duramente al titular de la Judicatura y afirmó que "quien debía garantizar la independencia judicial aparece vinculado a presiones para favorecer a un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos, así como a represalias contra jueces que se negaron a torcer la ley"
Veloz enfatizó que, a su criterio, no se trata de una simple irregularidad administrativa, sino de una decisión política orientada a interferir en la administración de justicia y a vulnerar de forma directa la independencia judicial.
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