Oficialismo lleva Asamblea a Imbabura y causa rechazo de organizaciones indígenas
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, aseguró durante la sesión que se tomó la decisión de llevar "la política donde debe estar: cerca de la gente".
La Asamblea Nacional realizó este viernes una sesión solemne en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas que se realizaron entre septiembre y octubre, lo que causó el rechazo de organizaciones indígenas locales y también del correísmo.
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Las organizaciones del pueblo kichwa de Imbabura, articuladas en la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici) aseguraron en un comunicado que la sesión constituía "un agravio, una falta de respeto y una burla" hacia los pueblos y comunidades.
"Durante el paro, Imbabura fue escenario de heridos, mutilados, torturados, perseguidos y asesinados, producto de la represión ordenada por el presidente Daniel Noboa. Frente a estos hechos gravísimos, la Asamblea Nacional guardó silencio, no exigió investigaciones, no demandó responsabilidades, no escuchó a las víctimas y prefirió aplaudir la política de bonos asistencialistas del Gobierno", señalaron las organizaciones.
"Quienes callaron mientras se derramaba sangre indígena y popular no tienen autoridad moral para presentarse en nuestro territorio", añadieron.
A ese rechazo se unió la Revolución Ciudadana, partido encabezado por el expresidente Rafael Correa, cuyos asambleístas no asistieron a la sesión, pues aseguraron que no estaban dispuestos a prestarse "para espectáculos ni para acciones con las que intentan lavarse las manos".
Correísmo contra oficialismo
Juan Andrés González, líder del correísmo en el hemiciclo, dijo en su cuenta de X que respaldaban a los ciudadanos "que se reivindican en la lucha y a las organizaciones sociales que se articulan para expresar lo que verdaderamente quiere la gente".
Por su parte, el presidente del Legislativo, el oficialista Niels Olsen, aseguró durante la sesión que el traslado a Imbabura no era "un gesto protocolario", sino una decisión de llevar "la política donde debe estar: cerca de la gente".
"Venimos a escuchar, a entender, a actuar, porque las leyes no pueden escribirse desde lejos", añadió en el acto, en el que se condecoraron a personalidades e instituciones de la provincia.
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Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, terminaron el 22 de octubre sin que el Gobierno accediera a las exigencias del movimiento, y se saldaron con dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de la sociedad civil.
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