Tres días después de la desaparición de los tres adolescentes y un niño, los militares que participaron en su aprehensión comenzaron a coordinarse por WhatsApp.
En el chat grupal debatieron lo sucedido la noche del 8 de diciembre y compartieron archivos sobre el operativo. Los mensajes también muestran preocupación por las consecuencias legales de su actuación.
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La documentación apunta a que los 16 uniformados que trasladaron a los menores hasta la Base de Taura integraban un grupo llamado 'Asesoría jurídica militar', junto con otros tres participantes incluidos también en el grupo.
En el chat grupal circularon audios, videos y fotografías desde la noche del 11 de diciembre. Ellos pusieron sobre la mesa la posibilidad de encontrar un abogado, según reveló Ecuavisa.
En las conversaciones, el medio detalló que los militares se preguntaron si debían permanecer en el cuartel y manifestaron incomodidad con el régimen de formación impuesto tras los hechos. También hubo sugerencias para “no hacer más grande la situación” mientras definían una estrategia de defensa común.
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El expediente fiscal recoge que en el grupo se compartieron imágenes de personas detenidas, capturas de denuncias y registros sobre los supuestos controles ejecutados en ejes viales. Los mensajes evidencian que algunos uniformados trataban de confirmar si existía material audiovisual que los comprometiera. Un militar aseguró que las cámaras del ECU 911 “no captaron nada”, mientras otro sostuvo que sí había una grabación “desde arriba”.
Según los involucrados, habrían dejado a los cuatro menores “sanos y salvos” en la vía. En el grupo insistieron en que ninguno había reportado disparos y que el subteniente solo había dado la orden de liberarlos porque “desconocían el procedimiento”. Incluso se mencionó que, tras abandonarlos, estaba la posibilidad de que los adolescentes “se hicieron un autosecuestro”, una versión que buscaban mantener de forma unificada.
Durante la reunión virtual del 15 de diciembre, el abogado contratado les indicó que necesitaba coherencia en los informes y que la defensa se estructuraría en torno a esa misma narrativa. Varios militares expresaron molestia porque sentían que el subteniente quería deslindar responsabilidades, mientras otros intentaban calmar la discusión y recordaban que la pena podía llegar a 34 años. En el chat, uno de ellos insistió en que la única estrategia posible era “decir la verdad tal cual la dejamos” y no contradecirse entre ellos ante la Fiscalía.
La Policía allanó la Base Aérea de Taura el 23 de diciembre dentro de la investigación por desaparición forzada. La Fiscalía analiza los 16 celulares incautados para determinar el rol de cada militar en la cadena de decisiones que terminó con la desaparición y muerte de los cuatro adolescentes de Las Malvinas.