'No soy un terrorista': Marlon Vargas reacciona a pedido de ADN para que sea investigado por la Fiscalía
"Ecuador no puede ni debe acostumbrarse a que el chantaje o la violencia se utilicen como herramientas de presión o negociación política", sentenció la bancada de ADN.
Asambleístas del partido Acción Democrática Nacional (ADN) pidieron este lunes a la Fiscalía que investigue al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, por el delito de terrorismo, tras haber amenazado con la posibilidad de "tomarse" Quito si el Gobierno no responde a sus demandas.
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Vargas hizo esta advertencia el pasado viernes durante una reunión con simpatizantes, donde aseguró que las protestas convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse hasta el punto de tomar la capital ecuatoriana.
"No podemos permitir que esta situación vuelva a pasar", dijo a la salida del Ministerio Público Mishel Mancheno, jefa en la Asamblea Nacional de la bancada de ADN. Agregó que parece que Vargas no recuerda los sucesos de 2019 y 2022, cuando hubo calles con violencia y edificios incendiados en Quito.
Por su lado, Vargas reaccionó a través de la red social X a la presentación del acto urgente, rechazando que fuera referido como un terrorista por encabezar las manifestaciones y asegurando que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales.
Quito, punto neurálgico en pasadas paralizaciones
En 2019 y 2022 el movimiento indígena ya lideró masivas protestas que llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás en la eliminación de subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con metas de ajuste fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El partido oficialista dijo en un comunicado que las declaraciones de Vargas no son "políticas" sino que son "advertencias que constituyen una amenaza directa a la paz, la seguridad y la estabilidad democrática del país".
"Ecuador no puede ni debe acostumbrarse a que el chantaje o la violencia se utilicen como herramientas de presión o negociación política", añadió la bancada de ADN.
El presidente Noboa señaló el domingo que nadie podía "tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos", y que a quienes eligen la violencia los espera la ley.
Vargas, por su parte, aseguró este lunes que la lucha del movimiento indígena "no es contra las ciudades" sino "contra años de abandono, pobreza y desigualdad". Añadió en su cuenta de la red social X: "No queremos más desaparecidos ni asesinados por exigir dignidad".
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El líder indígena también afirmó estar "siempre dispuesto a colaborar con la justicia" pues no es "un terrorista", pero pidió a la Fiscalía investigar con la misma celeridad la muerte de Efraín Fuerez, un comunero que la Conaie considera un "crimen de Estado", por disparos de militares durante las protestas.
Asimismo, Vargas pidió que se investigue "la desaparición de la deuda millonaria de la familia Noboa" con la agencia de recaudación estatal, en referencia a la deuda tributaria que mantenía el grupo empresarial de la familia del presidente, cercana a 95 millones de dólares y recientemente pagada.
"La justicia debe ser igual para todos, no solo contra los opositores", señaló el presidente de la Conaie.
Tras quince días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, doce de ellos procesados también por el delito de terrorismo.
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