En Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo rige la declaratoria de estado de excepción por “grave conmoción interna”, debido a las recientes manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. En su Decreto Ejecutivo No. 134, Noboa restringió el derecho a la libertad de reunión.
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Entre los argumentos de la medida extraordinaria, Noboa mencionó que este lunes 15 de septiembre se registraron incidentes que no corresponden a protestas pacíficas, afirmando que su fin era paralizar el transporte y ocasionar el cierre de vías públicas.
El Gobierno también señaló que estas acciones "afectaron los derechos de la ciudadanía, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades, la libertad de tránsito, las actividades económicas y el derecho al trabajo".
El presidente Noboa detalló que la declaratoria se aplica únicamente a las siete provincias donde "se concentran la mayoría de los actos violentos, la paralización del transporte y los cierres de vías".
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Asimismo, se dispone que, para frenar la radicalización de las acciones tomadas en las provincias, se ordena la suspensión del derecho a la libertad de reunión.
Aquello, consistirá en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día "con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos".
En este marco, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, el orden constituido o la paralización de servicios públicos.
“Lo anterior no implica restricción al derecho a manifestarse, siempre que sea pacíficamente y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”, precisó Noboa.
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La participación de las Fuerzas Armadas será complementaria a las acciones de la Policía Nacional, en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de seguridad pública y del Estado.
Mientras que, la Policía Nacional reforzará el control interno para garantizar la integridad y convivencia pacífica de los ciudadanos, intervenir ante incidentes que vulneren derechos, garantizar el libre tránsito, proteger la actividad económica y evitar la destrucción del patrimonio nacional y cultural.
Noboa dispuso la declaratoria que estará vigente por 60 días, aunque podría darse por terminada de manera anticipada.
"Anoche (lunes) tuvimos varios detenidos en (la provincia) del Carchi porque no dejaban pasar una ambulancia con una persona sumamente grave. Eso no lo vamos a permitir, eso es delito, y en eso estamos actuando de manera muy, muy fuerte", informó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
Sin entrar en detalles, comentó que el lunes presentaron varias denuncias en la Fiscalía y avanzó hoy harán lo propio contra "los cabecillas, quienes están orquestando y liderando la paralización de servicios y el bloqueo de la vía".
a mañana de este martes 16 de septiembre varias vías del país amanecieron cerradas por las manifestaciones. Los bloqueos se concentraron principalmente al norte de Quito, en la provincia de Pichincha, y también se reportaron cierres en la provincia del Carchi.