Ley de Transparencia Social pasa primer debate: apunta al lavado que mueve $30 mil millones al año
El proyecto económico urgente plantea crear un sistema unificado de información para organizaciones sociales sin fines de lucro.
Este martes 19 de agosto, el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, enviado con carácter de urgencia en materia económica por el presidente Daniel Noboa y orientado a combatir el lavado de activos, pasó su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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Durante la sustentación del informe sobre la conocida como 'Ley de Fundaciones', la legisladora Valentina Centeno (ADN) afirmó: “Existen antecedentes de cómo la criminalidad está utilizando organizaciones sociales sin fines de lucro para el lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción”.
La propuesta tiene por objeto establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, por parte de personas naturales y jurídicas, con especial atención a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
En este contexto, Centeno señaló que las economías criminales mueven aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales en el país. Lo más grave dijo es la infiltración de estas economías en la vida social, económica y comunitaria, por lo que esta ley busca advertir y prevenir que ciertas organizaciones sociales están siendo utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos.
Añadió que, según investigaciones de la Fiscalía, se evidencian redes de corrupción que canalizan dinero ilícito a través de organizaciones comunitarias fachada, así como donaciones millonarias a organizaciones sociales que posteriormente son trianguladas a empresas de papel.
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El proyecto plantea crear un sistema unificado de información para organizaciones sociales sin fines de lucro, clasificándolas por riesgo y garantizando transparencia pública, para detectar operaciones irregulares y fraudes.
En el debate, el legislador Alfredo Serrano (PSC) coincidió en que se deben cerrar todos los caminos al narcotráfico para impedir el lavado de dinero; no obstante, cuestionó que se pretenda autorizar el funcionamiento de casinos en el país, lo cual, a su juicio, tendría un efecto contrario.
Por su parte, el legislador Gustavo Mateus (RC) destacó que el proyecto constituye una herramienta importante para combatir el lavado de activos; sin embargo, observó que no solo busca regular a las organizaciones sociales y ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino que también introduce disposiciones tributarias que no guardarían relación directa con el objeto de la iniciativa.
Tras los aportes y observaciones de los legisladores, el proyecto, tramitado con urgencia económica, retornó a la Comisión de Desarrollo Económico para el análisis de las observaciones y la elaboración del informe para segundo debate.
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