Municipio de Guayaquil tiene cinco días para retirar materiales en Los Ceibos, ordena Prefectura del Guayas
De no cumplirse la disposición, la entidad provincial asumirá directamente el retiro de los elementos, utilizando su propio personal y maquinaria.
La Prefectura del Guayas estableció este jueves un plazo de cinco días para que el Municipio de Guayaquil retire los materiales ubicados en la avenida del Bombero, sector Los Ceibos, donde permanecen paralizadas las obras de un paso vehicular elevado.
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El subprocurador de Criterios Jurídicos y Trámites Administrativos, Juan Carlos Pulido, informó este 14 de agosto que, en caso de incumplimiento, será la propia Prefectura la que proceda a retirar los elementos con su personal y maquinaria.
Pulido señaló que la decisión se tomó tras recibir denuncias por el congestionamiento en la concurrida zona, situación que fue confirmada durante una inspección realizada el 13 de agosto por la Comisaría del Ambiente de la autoridad provincial.
Pruebas sobre falsificación de documentos pendientes
Faltan menos de diez días para que venza el plazo otorgado a la Alcaldía de Guayaquil para presentar las pruebas de descargo que demuestren que no remitió a la Prefectura del Guayas información presuntamente falsa con el fin de obtener el permiso ambiental requerido para la construcción del proyecto.
El proceso, que podría concluir con una sanción administrativa en contra del cabildo y la suspensión definitiva del proyecto, inició el pasado 23 de julio, luego de que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) dispuso a Aguiñaga revocar el Registro Ambiental emitido para la obra.
Tras la suspensión de la construcción a inicios del mes pasado, la cartera de Ambiente indicó que existía una categorización de impacto ambiental alto y añadió que se constataron incumplimientos a las obligaciones derivadas del permiso ambiental otorgado, lo cual fue negado por el alcalde Aquiles Alvarez.
De hecho, cuando se detuvieron las labores, el burgomaestre lamentó que la prefecta Marcela Aguiñaga acogiera “de forma automática” el pedido de suspensión de actividades por parte del Gobierno, que inicialmente citó como motivo denuncias ciudadanas por posibles impactos ambientales negativos que provocaría el desarrollo de la obra.
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Días después, Alvarez reaccionó ante la subsecuente revocatoria de licencia ambiental, asegurando que dicho trámite no tenía sustento legal. “Hoy, la prefecta, quien ya había otorgado derechos al municipio para hacer la obra, ha violado la Constitución y ha incurrido en una falta administrativa. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que, al parecer, no importa”, declaró.
En medio del incremento de tensiones entre la Prefectura y el Municipio, Aguiñaga zanjó la discusión el pasado 31 de julio con un mensaje claro: “No hay bandos, solo debido proceso. Que se presenten las pruebas de descargo; los caprichos, los dejamos para después. Guayaquil merece madurez, no reacciones impulsivas”.
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