El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, no quiso que su foto con el grillete en uno de sus pies sea difundida al público porque alegó que generaría “consecuencias discriminatorias y lesivas” a su reputación, intimidad y dignidad personal.
El pasado sábado, el burgomaestre junto a otros 15 ciudadanos y seis personas jurídicas fueron llamados a juicio en el denominado caso ‘Triple A’, en el que la Fiscalía indaga una presunta comercialización ilegal de combustibles.
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Una de las disposiciones el juez Renán Andrade fue que Alvarez porte un dispositivo electrónico como medida alternativa a la prisión preventiva y para dar seguimiento geolocalizado del imputado mientras avanza el proceso judicial.
Es así que funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) se presentaron en la vivienda del alcalde para colocarle el dispositivo, algo que causó la molestia de la autoridad guayaquileña.
De hecho, el domingo 20 de julio, presentó una solicitud en la que pide la protección de sus datos personales y ordena “el estricto cumplimiento de la prohibición de divulgación de imágenes”.
Alvarez, a través de sus abogados, sustentó sus pedidos en varios artículos de la Constitución y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
“Prohíbo expresamente cualquier forma de difusión, duplicación, transmisión, distribución o exposición pública de mi imagen personal (específicamente aquella donde aparezco portando el dispositivo electrónico de monitoreo) excepto para los propósitos exclusivamente operativos y administrativos inherentes al sistema de supervisión judicial y policial”, reza el escrito.
Agregó que su “imagen personal constituye información sensible de carácter privado” y que, en caso de ser divulgada, se violarían los principios de legalidad, reserva, especificidad y razonabilidad.
No obstante, la tarde del pasado domingo, la foto de Aquiles Alvarez con el grillete empezó a circular en redes sociales.
Asimismo, el burgomaestre reaccionó con un video en la red social X en el que aseguró que “el grillete es símbolo de la persecución, que de ahora en adelante la voy a arrastrar todos los días mientras continúa este proceso”.
La investigación del caso 'Triple A' nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues dijo meses atrás ser "el único en el país" que "se le planta".
Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.