El exvicepresidente Jorge Glas llegó este martes 17 de junio a la Corte Nacional de Justicia, en Quito, para asistir a la audiencia de juicio por presunto peculado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, prevista para las 08h30.
La diligencia se llevará a cabo luego de que estuviera lista la pericia psiquiátrica ordenada por el Tribunal, la cual reveló que Glas presenta un cuadro de depresión grave y pensamientos suicidas.
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Pese a haber solicitado comparecer de forma telemática, Glas fue trasladado con fuerte resguardo policial hasta la Corte.
Según manifestó el exvicepresidente, el traslado efectuado el 6 de junio (el mismo día en que se suspendió la audiencia por solicitarse una pericia psiquiátrica) afectó su estado físico y emocional.
A través de un escrito, Glas dijo que en el último traslado desde la cárcel de máxima seguridad 'La Roca', en Guayaquil, hasta Quito para comparecer físicamente a la audiencia de juicio, "afectó severamente mi salud psicológica, presentando problemas de depresión y ansiedad, lo cual empeoró porque durante el traslado algunas medicinas que tomo diariamente y efectos personales, sin conocer las circunstancias, se extraviaron".
Además, advirtió que existe un repunte de enfermedades respiratorias a escala nacional, lo que, según expresó, podría agravar aún más su condición física.
No obstante, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó su pedido de comparecer vía telemática. En su respuesta, dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) realizar las gestiones necesarias para garantizar su presencia física en la audiencia. También ordenó al ECU 911 proveer paramédicos, médicos y una ambulancia para atender cualquier eventualidad médica durante la diligencia.
“La audiencia tiene como finalidad decidir la situación jurídica del procesado, razón por la cual se niega lo solicitado”, señaló el Tribunal en su resolución. Asimismo, se comprometió a tomar los debidos recaudos para garantizar el desarrollo del juicio, incluyendo el respeto a los derechos de los sujetos procesales.
La investigación de Fiscalía ha determinado la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016, con epicentro en Manabí.