La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) alertó este jueves 23 de enero del 2025 que la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos “ha configurado un escenario de inseguridad jurídica para todos los ecuatorianos”.
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La polémica estalló ayer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ya que los integrantes de la denominada ‘Liga Azul’, afín al correísmo, ejecutaron una serie de acciones cuestionadas.
Una de ellas fue la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos, para que desempeñe sus funciones por cinco años, contados desde su posesión ante la Asamblea Nacional, efectuada el 11 de agosto de 2022.
Con ello, quitaron del puesto a Roberto Romero, quien ya había sido designado. Según esa entidad, el periodo de Romero iniciará en agosto del 2027 tras finalizar la administración de González.
Esto generó una serie de críticas. De hecho, el Ministerio de Gobierno dijo que la ‘Liga Azul’ “busca apoderarse del control del sistema financiero”.
La cartera de Estado recordó que “abusaron de una sentencia de la Corte Constitucional”, que había acogido una acción extraordinaria de protección a favor de González, pero la resolución aclaraba que no incide en la designación de Romero.
“¿Son ahora los ‘consejeros azules’ del CPCCS jueces constitucionales para afectar la sentencia de la CC? La respuesta es un rotundo y democrático NO. Advertimos a la ciudadanía: Este deliberado intento por tomarse el órgano de control del sistema financiero supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento”, apuntó el ministerio de Gobierno.
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Por su parte, la Asobanca aseguró que “se ha configurado un escenario de inseguridad jurídica para todos los ecuatorianos”.
Resaltó que la interpretación del CPCCS siembra "incertidumbre al proceso”.
“Con estos antecedentes, y acogiendo lo resuelto por la Corte Constitucional como la decisión que debe primar sobre cualquier otra, llamamos a retomar la senda de la seguridad jurídica que toda sociedad y actividad requiere para su desarrollo”, solicitó la Asobanca.