EDITORIAL
La Asamblea destituyó al segundo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrado a través de elección popular. Christian Cruz, campeón de artes marciales, tenía en su poder un carné de discapacidad de un 80 por ciento. Ese grado de incapacidad fue la de Stephen Hawking, el físico moderno más famoso, quien vivió atado a una silla de ruedas y hablando a través de un ordenador por que la esclerosis lateral había paralizado su sistema neurológico. Sin embargo, el karateca Cruz era campeón de esa disciplina física y tenía licencia para conducir camiones. Cruz había reemplazado al sacerdote Carlos Tuárez.
Tuárez, quien hizo campaña vistiendo los hábitos religiosos, pese a la prohibición expresa de la ley, fue destituido luego de que una investigación sobre sus antecedentes reveló que los bienes declarados como propios eran el resultado del abuso a una persona de l a tercera edad, que era parte de su feligresía. Tras su destitución, Tuárez fue enjuiciado por haber cobrado dinero a incautos que buscaban un cargo público y fue sentenciado a cinco años de prisión por el deli to de tráfico de influencias.
Con excepción del Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, los Consejos de Participación Ciudadana han demostrado ser innecesarios. Si bien la participación ciudadana es vital en una democracia, la recomiendan hasta instituciones internacionales como el Banco Mundial, debe nacer de la sociedad civil y no del Estado, que es el ente a ser controlado.
Durante los 10 años de la administración del presidente Correa, el Consejo se convirtió en el aliado fiel para consolidar un poder omnímodo, que solo respondía a los intereses presidenciales y del partido, y que no cumplía con ninguna de las supuestas atribuciones establecidas para su creación. Nominó autoridades de control serviles, que manipularon y socaparon la corrupción, fiscales y jueces para perseguir a opositores y echar tierra sobre delitos de funcionarios importantes del régimen. No investigó ningún caso de corrupción grave ni defendió a la ciudadanía en contra del abusivo poder estatal.
Hay consenso para que esta creación de la Asamblea Constituyente de 2008 desaparezca y además poder ahorrarnos los cuantiosos gastos que ocasiona. En 10 años
de la administración de Correa, el Consejo costó 132 millones de dólares y empleó a 450 personas. Hoy tiene un presupuesto cercano a los 10 millones y emplea a cerca de 300 personas para duplicar acciones que ya se realizan en otras entidades.
Hay varios proyectos con este propósito, para que en las próximas elecciones se vote por su desaparición. Hay que demandar a la Asamblea a que cumpla con su obligación y finalmente se apruebe el texto para eliminar el Consejo y sustituir la forma como se eligen a quienes dirigen los organismos de control y la justicia.
