Llegó la hora

miércoles, 4 noviembre 2020 - 11:19
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    EDITORIAL
     
    La Asamblea destituyó al segundo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrado a  través de elección popular. Christian Cruz, campeón de artes marciales, tenía en su poder un carné  de discapacidad de un 80 por ciento. Ese grado de incapacidad fue  la de Stephen Hawking, el físico  moderno más famoso, quien vivió  atado a una silla de ruedas y hablando a través de un ordenador  por que la esclerosis lateral había  paralizado su sistema neurológico.  Sin embargo, el karateca Cruz era  campeón de esa disciplina física  y tenía licencia para conducir camiones. Cruz había reemplazado  al sacerdote Carlos Tuárez.
     
    Tuárez, quien hizo campaña  vistiendo los hábitos religiosos,  pese a la prohibición expresa de  la ley, fue destituido luego de que  una investigación sobre sus antecedentes reveló que los bienes declarados como propios eran el resultado del abuso a una persona de l a tercera edad, que era parte de su  feligresía. Tras su destitución, Tuárez fue enjuiciado por haber cobrado dinero a incautos que buscaban  un cargo público y fue sentenciado  a cinco años de prisión por el deli to de tráfico de influencias.
     
    Con excepción del Consejo  Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, los Consejos de Participación Ciudadana han demostrado  ser innecesarios. Si bien la participación ciudadana es vital en una  democracia, la recomiendan hasta  instituciones internacionales como  el Banco Mundial, debe nacer de la  sociedad civil y no del Estado, que  es el ente a ser controlado.
     
    Durante los 10 años de la administración del presidente Correa,  el Consejo se convirtió en el aliado  fiel para consolidar un poder omnímodo, que solo respondía a los intereses presidenciales y del partido, y que no cumplía con ninguna  de las supuestas atribuciones establecidas para su creación. Nominó autoridades de control serviles,  que manipularon y socaparon la corrupción, fiscales y jueces para perseguir a opositores y echar tierra  sobre delitos de funcionarios importantes del régimen. No investigó ningún caso de corrupción grave  ni defendió a la ciudadanía en contra del abusivo poder estatal.
     
    Hay consenso para que esta  creación de la Asamblea Constituyente de 2008 desaparezca y además poder ahorrarnos los cuantiosos gastos que ocasiona. En 10 años
    de la administración de Correa, el  Consejo costó 132 millones de dólares y empleó a 450 personas. Hoy  tiene un presupuesto cercano a los  10 millones y emplea a cerca de 300  personas para duplicar acciones que  ya se realizan en otras entidades.
     
    Hay varios proyectos con este  propósito, para que en las próximas elecciones se vote por su desaparición. Hay que demandar a  la Asamblea a que cumpla con su  obligación y finalmente se apruebe  el texto para eliminar el Consejo y  sustituir la forma como se eligen a  quienes dirigen los organismos de  control y la justicia.

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