La empresa Metropolitana de Aseo del Municipio de Quito (Emaseo) abrió un concurso para incorporar a 200 barrenderos. Se presentaron 13.276 aplicaciones para las vacantes. La mayoría lo hizo por Internet. No obstante, más de cinco mil personas entregaron sus documentos de forma presencial. Durmieron en la calle para obtener un puesto en la fila que alcanzó varios kilómetros. En la larguísima columna hubo jóvenes, viejos, universitarios y hasta profesionales con títulos de tercer nivel, según un reportaje de Ecuavisa. Una mujer indignada, pero suplicante sostuvo: “No queremos bonos, queremos trabajo”. En realidad, nada dignifica más a un ser humano que tener un trabajo estable, aunque sea modesto, ni nada impulsa el desarrollo de un país como el empleo pleno de sus habitantes. En Ecuador esto es una quimera. La población económicamente activa del país es 8,2 millones de habitantes. De estos, apenas 2,4 millones -es decir tres de cada 10- tienen empleo pleno, un salario y beneficios sociales. 5,3 millones tienen trabajo, pero no empleo, se dedican a conseguir su sustento a través de actividades informales o subempleo y 418 mil personas ni siquiera tienen un trabajo informal.
Las causas para esta debacle son múltiples. Algunas históricas: Ecuador no es un país amigable a la inversión: se encuentra en el puesto 123 entre 190 países en Doing Business, un índice que mide la apertura para hacer negocios. No hay seguridad jurídica,bastantes trabas burocráticas y tampoco una masa potencial de trabajadores preparada para las competencias que exigen los mercados actuales. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 hundió aún más las posibilidades de inversión y la generación de vacantes de empleo. Todavía no hemos recuperado los índices de empleo adecuado anteriores a la pandemia, en que el 38,8 por ciento de la población económicamente activa tenía empleo adecuado, es decir casi cuatro de cada 10 personas tenían ese empleo pleno, hoy es tres de cada 10. Y ante este drama humano, las élites del país no se conmueven. Una ley para promover inversiones propuesta por el presidente Guillermo Lasso ni siquiera fue considerada en la Asamblea Nacional, cuya mayor fuerza política cree que el Estado es la fuente adecuada de empleo, por cuanto con ello sus militantes tienen asegurada una recompensa por sus esfuerzos electores. Desconocen que en el país nueve de cada 10 empleos provienen del sector privado y que esto es lo más sano para la economía. Tampoco la reforma laboral para abrir otras formas de contratación para los que no tienen empleo ha sido presentada por el gobierno porque hay oposición de los anquilosados líderes sindicales, quienes siguen anclados en el siglo pasado con teorías comunistas que ni siquiera se aplican en China, el país con el más numeroso Partido Comunista en el mundo. Igualmente, no se conduelen los líderes de la Conaie por el empleo, pues con 18 días de paro no solo afectaron a las empresas exportadoras y a los comercios grandes y pequeños, sino que principalmente dejaron sin sustento diario a aquellos que pululan día a día por carreteras y calles de las principales urbes como informales.
Lograr un cambio no llegará a través de ninguna de estas elites miopes cuyo interés es solo su beneficio. Es imperativo una consulta popular con las reformas, que sean automáticas, sin pasar por la Asamblea. Se la requiere con urgencia, para que a un puesto de barrendero no apliquen 13.276 personas, la mayoría sobrecalificadas.
