La única salida a la asfixia fiscal será reperfilar la deuda pública. Esto significa, poner en orden las finanzas públicas y conseguir financiamiento a mayor plazo y con tasas más bajas.
A finales de julio, el gobierno alcanzó un nuevo récord: emitir los bonos más costosos desde que nos dolarizamos con un cupón de 10,75 por ciento a cinco años plazo. Se superó inclusive el costo de los bonos que el gobierno declaró ilegítimos en 2008 por sus altos intereses (Global 2030 con tasa máxima de 10 por ciento y los Global 2012 con tasa efectiva de 7,8 por ciento).
Pero esa no es la única marca que el Ecuador ha ganado, tenemos el mayor riesgo país en la región solo después de Venezuela. Este indicador mide las expectativas de que un país incumpla con sus deudas. Mientras más alta sea esa posibilidad, los inversionistas exigirán un rendimiento mayor por entregar recursos. Es por esto que Ecuador tendrá que pagar por financiamiento casi el triple que sus vecinos: Colombia colocó bonos en marzo por 3,9 por ciento a 10 años y Perú en febrero por 3,8 por ciento a 14 años. ¿Por qué es tan costoso financiarnos en el exterior?
El problema de fondo es que las finanzas públicas ecuatorianas no son sostenibles. Los gastos se han desbordado, los ingresos petroleros prácticamente desaparecieron por la caída del precio del crudo. Mientras tanto el gobierno evita el ajuste fiscal y acepta financiamiento a cualquier costo. Tampoco ayuda la política heterodoxa de administración de la deuda externa que, a través de la moratoria de 2008, priorizó ganancias de corto plazo por sobre la conveniencia del país en el largo plazo. El supuesto ahorro de esta jugada financiera, lo estamos devolviendo con creces a través de mayores intereses en el nuevo financiamiento.
La herencia de la “década ganada” será un país altamente endeudado con reducidas opciones de financiamiento futuro. En los últimos cinco años la deuda se triplicó llegando al 36 por ciento del PIB, esto sin considerar el financiamiento que el gobierno no registra como deuda y que haría que ese indicador supere el 40 por ciento del PIB. El gobierno argumentará que el endeudamiento todavía es reducido. Pero un análisis completo requiere identificar el costo de intereses y capital sobre esa deuda. El servicio de la deuda se ha quintuplicado en el último lustro hasta alcanzar 7.700 millones de dólares en 2015.
Los próximos gobiernos tendrán que enfrentar importantes pagos de capital: en 2020 por 1.500 millones, en 2022 por 1.000 millones y en 2024 por 2.000 millones de dólares. Si no se toman las medidas necesarias, las arcas fiscales no contarán con recursos para honrar esas deudas. Un nuevo incremento impositivo ya no es viable.
La única salida a la asfixia fiscal será reperfilar la deuda pública. Esto significa, poner en orden las finanzas públicas y conseguir financiamiento a mayor plazo y con tasas más bajas para utilizar esos recursos en reemplazar la deuda cara. Adicionalmente, es necesario crear nuevas reglas macrofiscales que limiten el nuevo endeudamiento en función del peso del servicio de la deuda en el presupuesto fiscal, y no del saldo de la deuda en relación al PIB como es en la actualidad. Debemos impedir que un gobierno futuro nos lleve nuevamente a niveles de endeudamiento insostenibles.
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