Ya no se contabilizarán las deudas entre instituciones del Estado para determinar el límite legal de endeudamiento del 40 por ciento del PIB. Esto equivale a decir que las deudas entre parientes no deben ser tomadas en cuenta para determinar la posición financiera de un ciudadano. La nueva medición se llama “deuda consolidada”.
Esto no significa que se desconozcan esas deudas en las que se incluyen los casi 8.000 millones de dólares de financiamiento que el Estado ha recibido de recursos de los afiliados del IESS. Es solamente un cambio cosmético en las estadísticas que permite incrementar el cupo disponible de endeudamiento de 1.500 millones antes de la reforma, a 11.000 millones de dólares adicionales. Se develan las prioridades con claro tinte electoral del gobierno: posponer el impopular ajuste y seguir gastando así sea con costosos recursos prestados.
Recordemos que inclusive antes de este cambio, las estadísticas de endeudamiento eran poco transparentes al no incluir todas las operaciones de financiamiento contratadas por el Estado: preventas petroleras, préstamos del BCE con reservas internacionales y financiamiento de corto plazo.
El gobierno vive una etapa de negación al no reconocer que el país está altamente endeudado. En los últimos seis años, las autoridades han incrementado la deuda en 26.500 millones de dólares adicionales, triplicando su tamaño hasta alcanzar 38,4 por ciento del PIB. Se excusan asegurando que otros países en la región tienen mayores niveles de endeudamiento. Según esta lógica, si otros tienen mayores complicaciones que nosotros, entonces no estamos en problemas.
El endeudamiento es excesivo, no por el saldo de la deuda sino por su “cuota”. La deuda ecuatoriana tiene plazos cortos e intereses elevados, demandando una gran cantidad de recursos a las arcas fiscales. No es lo mismo comprar una casa a crédito por 100 mil dólares a cinco años plazo que a 20 años. ¡En el primer caso el pago de capital será de 1.600 dólares mensuales, en el segundo de 400!
El último resultado de una década de gobierno revolucionario ha sido que el servicio de la deuda supere al presupuesto conjunto de salud y educación. El servicio de la deuda continúa subiendo aceleradamente. En 2010, se requerían apenas 1.600 millones de dólares para pagar capital e intereses. Cinco años más tarde, el servicio de la deuda se quintuplicó a 7.700 millones o un equivalente al 38 por ciento de los ingresos fiscales.
Hemos aprendido muy poco de la historia. El bienestar que nos produce el endeudamiento actual nos va a salir caro. Al igual que en los años setenta, el país saldrá altamente endeudado de la gran bonanza económica y seremos los ciudadanos quienes en el futuro paguemos estas deudas a través de mayores impuestos.