Si el terremoto destruyese el 30 por ciento de la infraestructura, la devolución de la aseguradora sería casi seis veces el valor pagado en primas. Es claro el beneficio del aseguramiento.
Vivimos tiempos de revolución, en donde la única “verdad legítima, justa y grande” es la que emana del líder máximo. Todo el resto de opiniones quedan automáticamente clasificadas dentro del grupo de intereses mezquinos de individuos que no son capaces de entender la profundidad de la revelación que nos regala el caudillo.
A lo largo de esta década hemos aprendido nuevos preceptos de cómo debemos conducirnos para ser buenos ciudadanos: qué consumir y en qué cantidad, en dónde ahorrar, en qué país no invertir… La más reciente revelación nos quiere enseñar a adquirir “inteligencia financiera” al no contratar seguros que solo enriquecen a las aseguradoras.
El argumento de las autoridades es el siguiente: si el monto a asegurar es de 2.000 millones de dólares y la póliza cuesta dos por ciento anual, en 30 años se habría pagado 1.200 millones de dólares en primas. Si un terremoto destruye el 30 por ciento de la infraestructura asegurada, la aseguradora devolverá 400 millones de dólares, pero el seguro en ese período costó 1.200 millones de dólares. Concluyen que la decisión racional es no asegurar.
Sin embargo, este análisis es incorrecto. En primer lugar, las primas para este tipo de pólizas son de solo 0,2 por ciento del valor asegurado y no dos por ciento. En segundo lugar, los últimos dos terremotos en Ecuador se han producido en lapsos menores a 30 años. El anterior se registró hace 18 años frente a las costas de Bahía de Caráquez.
Volvamos a los números pero con los datos correctos: con un monto asegurado de 2.000 millones de dólares y un costo de la póliza de 0,2 por ciento anual, en 18 años el gobierno habría pagado 72 millones de dólares en primas. Mientras que si el terremoto destruyese el 30 por ciento de la infraestructura, la devolución de la aseguradora sería de alrededor de 400 millones de dólares casi seis veces el valor pagado en primas. Es claro el beneficio del aseguramiento.
Los seguros funcionan mundialmente porque otorgan un beneficio al asegurado al transferir el costo de un siniestro de una persona individual a una comunidad de asegurados. Entonces, el costo que asume cada asegurado individualmente es mucho menor que si no estuviera asegurado. Incluso las aseguradoras deben compartir el riesgo contratando reaseguros para transferir parte de ese riesgo a empresas internacionales que tienen diversificación internacional.
El gobierno no comprende los beneficios del aseguramiento. En los últimos años ha obligado a las empresas aseguradoras nacionales a asumir solas más riesgos al reducir la cesión por reaseguros. Se ha creado un monopolio de facto en las dos aseguradoras públicas, Rocafuerte y Sucre, eliminando los beneficios de la competencia en la contratación de seguros del Estado. Además, no existe una normativa clara en relación a la obligatoriedad de contratar seguros sobre bienes públicos.
Este manejo poco previsivo en la administración pública no puede ser el ejemplo a seguir para los ciudadanos. Ser precavidos y asegurar frente a posibles riesgos es la verdadera “inteligencia financiera”. ¡Don Juan Seguro vivió muchos años!
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