¿Estamos a tiempo de frenar el narcoestado?
Cuando la frontera entre perseguir al narco y servirle se vuelve borrosa, el Estado se pudre desde adentro. Ecuador no puede permitirse ese camino. Necesita cero tolerancia con los delincuentes en sus instituciones del orden público.
El narcotráfico lo corrompe todo. Y su primer objetivo es la fuerza pública. En los tres primeros meses de 2026, 53 policías han sido procesados por formar parte de GDOS. El 20 de marzo, en Yaguachi, se descubrió que un mayor de Policía lavaba dinero para Los Choneros. El 26 de marzo, en Guayaquil, otros seis policías fueron descubiertos realizando operativos falsos para confiscar bienes ajenos. Cálculos conservadores estiman que al menos 300 uniformados han sido vinculados por el crimen organizado para facilitar protección y libre tránsito a los narcóticos en los últimos dos años.
El caso Metástasis lo mostró con crudeza. Entre sus procesados hubo policías que admitieron haber protegido al narcotraficante Leandro Norero, alertarlo sobre operativos y custodiar bienes incautados. Los altos mandos recibían sumas cuantiosas de dinero; los de menor rango hacían favores a cambio de un teléfono de alta gama. El narcotráfico, al final, puede comprar lealtades oficiales por muy poco.
La infiltración mafiosa en los cuerpos de seguridad no es una anomalía: es una condición de funcionamiento del negocio criminal. Sin protección estatal, abierta o encubierta, los carteles difícilmente podrían mover droga, lavar activos o garantizar impunidad. Toda estructura mafiosa necesita cómplices dentro del Estado. Y toda institución débil termina produciéndolos.
El problema no es solo que existan policías corruptos. El problema verdadero comienza cuando la institución decide protegerlos. Ahí opera el espíritu de cuerpo mal entendido: el pacto de silencio, la coartada interna, la complicidad disfrazada de lealtad. Cuando eso ocurre, no solo se encubre un delito: se degrada la confianza pública y se erosiona la legitimidad de la Policía.
Otros países ofrecen ejemplos aleccionadores. México ha visto a altos responsables de la lucha antidrogas terminar asociados con estructuras criminales. Cuando la frontera entre perseguir al narco y servirle se vuelve borrosa, el Estado empieza a pudrirse desde adentro.
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Ecuador no puede permitirse ese camino. Si no quiere deslizarse hacia la lógica de un narcoestado, necesita algo más que discursos. Necesita depuración real, sanciones severas y un sistema de selección y control mucho más riguroso para reclutar a quienes tienen en sus manos la seguridad de todos. A las manzanas podridas no se las protege: se las poda antes de que dañen al resto del árbol.
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