El gran reto de la seguridad y salud ocupacional en el contexto del COVID-19

miércoles, 28 abril 2021 - 05:32
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La llegada del COVID-19 demandó un gran reto para la gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO) en las empresas, algunas de las cuales tuvieron que implementar protocolos de bioseguridad de forma emergente, pues no paralizaron sus operaciones; mientras que otras elaboraron medidas de protección más planificadas ante el retorno progresivo al trabajo presencial.
 
En ambos casos, los profesionales vinculados a la SSO, como el técnico prevencionista, el médico ocupacional, entre otros, cumplieron un rol protagónico para establecer las acciones pertinentes de acuerdo a la realidad de cada organización, a fin de prevenir el contagio de los trabajadores y sus familias.
 
Los servicios que brindan las empresas especializadas en este ámbito, aumentó significativamente durante los momentos más duros de la pandemia, así como la participación del personal contratado en las empresas. Sin embargo, la situación ha cambiado.
 
"En términos globales, la demanda inicialmente aumentó ante el desconocimiento del virus, no obstante con el paso de los meses y por los efectos colaterales en la parte económica que, como bien saben todos, afecta de manera global a los sectores productivos, la demanda para nuestros servicios se ha venido a menos", afirma Walter Chávez, directivo de E-xperto, firma que brinda servicios en el área de SSO, asesoría e implementación de sistemas de gestión.
 
Este criterio concuerda con datos de la encuesta de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (APSSTEC), que resalta que entre diciembre de 2020 y enero de 2021, el 17,2 por ciento de profesionales del ramo estaban en desempleo y el 8,1 por ciento, percibían un salario inferior a 400 dólares.
 
"Cifras que demuestran la precariedad laboral y el alto nivel de desempleo, o quizá existen otros profesionales que están ocupando los puestos de prevencionistas por la falta de mecanismos de regulación por parte del ente de control del Estado", manifiesta Franz Guzmán Galarza, presidente del gremio.
 
Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador SNIESE, existía hasta finales del año pasado, 10.708 profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ellos el 81,8 por ciento con titulaciones de posgrado, el 12,7 por ciento con tercer nivel técnico/tecnológico, y el 5,5 por ciento con tercer nivel de grado. 
 
Pero hay otro hecho más preocupante: la falta de control en el cumplimiento de las normas de SSO en el país desde la llegada del COVID-19. Guzmán explica que el ente encargado de esta labor es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, del Ministerio de Trabajo, que ha enfocado sus esfuerzos en otras acciones.
 
"Durante la pandemia, la dirección dedicó su esfuerzo a la emisión de procedimientos para el retorno al trabajo con seguridad, descuidando las acciones de inspección regular que debió ejercer sobre las empresas en el sector privado y mucho menos lo hizo en el sector público", asegura el dirigente de la APSSTEC.
 
 
Walter Chávez agrega que la falta de control genera un riesgo, sobre todo cuando existen organizaciones que están tomando a la ligera la importancia de establecer verdaderas medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores ante un posible contagio, o no realizan las inversiones necesarias.
 
Aunque reconoce que muchas empresas de distintos segmentos productivos han ejecutado acciones para implementar protocolos adecuados, a pesar del incremento de los costos operacionales por las adquisiciones realizadas o por la contratación de personal externo que complemente determinadas actividades inherentes a la seguridad y salud ocupacional.
 
"El impacto de la presente pandemia nos ha fortalecido de cierta manera al crear más controles donde se ha creado conciencia de la necesidad de cumplir o cumplir, pues no ha existido ninguna opción para evadir toda iniciativa por preservar la salud y bienestar de los colaboradores", insiste Chávez.
 
Esta situación ha evidenciado que las organizaciones que tienen sistemas de gestión basados en normas internacionales pueden adoptar de manera rápida y eficiente procedimientos para prevenir riesgos específicos, mientras que las compañías que no cuentan con procesos establecidos necesitan una asesoría para ajustarse a las normas.
 
El contexto actual demanda un gran reto para la labor preventiva laboral del país, enfatiza Guzmán, pues los impactos sanitarios del COVID-19 permanecerán quizás hasta el primer semestre del presente año, tiempo en el cual se debe precautelar la salud de alrededor de 8 millones de trabajadores.
 
Por ello, resalta que se deben mantener las medidas de protección en las organizaciones y se requiere el compromiso del Estado, partiendo por la conformación de un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, generando una política nacional de prevención de riesgos laborales, entre otras acciones.
 

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