Se presume que los hechos serían una posible represalia de un grupo delictivo, luego del traslado de alrededor de 15 de sus integrantes a la Cárcel de Latacunga, en Cotopaxi.
Únicamente las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada podían sufragar y lo hicieron varios días antes que el resto de ciudadanos. Fueron 1.400 en total los presos que ejercieron su derecho al voto.
