ODS Leaders Summit 2026: Ecuador debe apostar por el fortalecimiento de la administración de justicia

Implementar una política de seguridad y justicia que sea efectiva será clave para luchar contra el crimen organizado en el país.

Juanita Goeberturs, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, se refirió a la necesidad de fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano.
Sandra Armijos Medrano

La seguridad y la defensa de los derechos humanos fueron algunos de los temas abordados este miércoles 19 de agosto de 2026 en el ODS Leaders Summit 2026, organizado por Revista Vistazo.

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Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), brindó la charla 'Una alianza peligrosa: cooperación en seguridad EE.UU.-Ecuador', en la que analizó los desafíos que enfrenta el país desde la perspectiva de los derechos humanos, la reducción de la criminalidad y la efectividad de la respuesta estatal frente a estos hechos.

“Ecuador, después de haber sido históricamente un bastión de paz en América Latina, es hoy el país de Suramérica con la tasa más alta de homicidios y es, en todo el hemisferio occidental, el segundo país con la peor tasa de homicidios, solo después de Haití”, señaló.

Goebertus hizo hincapié en la urgencia de implementar una política de seguridad y justicia que sea efectiva en la lucha contra la criminalidad organizada y que, al mismo tiempo, garantice la protección de los derechos humanos.

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¿Cómo luchar contra la criminalidad?

Para la vocera, combatir a las organizaciones criminales requiere fortalecer la capacidad del Estado para administrar justicia, realizar investigación y desmantelar redes de lavado de activos y corrupción en las distintas estructuras de poder.

La directora de la División de las Américas de HRW insistió en que este problema no se resuelve únicamente mediante declaratorias de emergencia u operaciones especiales, sino mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación técnica, judicial y forense, así como con una estrategia de persecución penal.

Asimismo, concluyó en que la política de seguridad de Ecuador debe estar basada en derechos y ofrecer todas las garantías para ser efectiva, pues el Estado debe garantizarla sin que la sociedad tenga que elegir entre seguridad y derechos.