Ley que plantea que reos trabajen dentro de las cárceles pasará a segundo debate en la Asamblea
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este miércoles 11 de marzo, con siete votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
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La iniciativa plantea que las personas privadas de la libertad realicen labores dentro de los centros penitenciarios con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas.
El informe fue aprobado tras una moción presentada por el asambleísta Mario Amado Zambrano, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
La sesión en la que se trató el proyecto se desarrolló en la Universidad Ecotec, ubicada en el cantón Samborondón, en la provincia del Guayas.
Con la aprobación del informe, la iniciativa será remitida al pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate, etapa en la que los legisladores podrán analizar el alcance de la propuesta y plantear eventuales modificaciones antes de una votación definitiva.
La presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, de ADN, aseguró al término de la sesión que la norma devuelve el control de las cárceles al Estado.
Observaciones previas al proyecto
Durante el tratamiento del proyecto, la comisión ya había realizado varias observaciones el pasado 19 de febrero, en una sesión en la que se discutieron las propuestas con el ministro del Interior, John Reimberg, y Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo.
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Entre los principales planteamientos también constan la creación de un Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, la clasificación de los centros de privación de libertad, el establecimiento de un régimen especial y la diferenciación funcional entre la seguridad penitenciaria de adultos y el sistema de adolescentes infractores.
En la reunión, el ministro afirmó que se impulsará un proceso de depuración con tolerancia cero frente a la corrupción. En ese marco, se planteó una clasificación estratégica de los centros de privación de libertad y el fortalecimiento de los controles de visitas, mediante la definición de niveles de seguridad máxima, media y mínima.
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Por su parte, Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, enfocó su análisis y recomendaciones en reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.